La alarma sobre las antenas hace peligrar las inversiones de la nueva telefonía móvil

La alarma social que se ha creado en torno a las antenas de telefonía móvil ha trascendido el aspecto social y comienza a afectar a los planes de negocio de las compañías. Ayuntamientos y comunidades de vecinos han paralizado en pocos meses más de 2.000 instalaciones al tiempo que les niegan los permisos para nuevos emplazamientos, necesarios para la ampliación de la red que precisa la telefonía móvil del futuro (UMTS), en el que está comprometida una inversión de 16.000 millones de euros en 10 años. Telefónica, Vodafone y Amena han hecho un frente común y presentarán al Gobierno esta misma semana un plan conjunto en el que certifican que sus instalaciones son seguras y piden que no se multiplique la legislación por parte de autonomías y ayuntamientos.

La polémica levantada en torno a los presuntos riesgos que para la salud de los ciudadanos puedan tener las radiaciones que emiten las antenas de telefonía móvil ha trascendido el ámbito político o social y amenaza con causar un grave problema financiero a las compañías. En los últimos meses, Telefónica Móviles, Vodafone y Amena han visto cómo los ayuntamientos y otras autoridades, e incluso comunidades de vecinos y particulares, les negaban los permisos para la instalación de 500 nuevos emplazamientos pese a que cumplían estrictamente los requisitos legales. Aún peor, más de 2.000 contratos vigentes han sido rescindidos o se les ha negado la autorización para la ampliación de capacidad o la simple revisión de las instalaciones.

La situación es preocupante, puesto que se produce a tan sólo unos meses del plazo fijado por el Gobierno (1 de junio de 2002) para que las operadoras tengan lista la red de la nueva telefonía móvil multimedia (UMTS), que permite dar cobertura a ciudades con más de 250.000 habitantes.

Los operadores que ganaron el concurso para dar telefonía de tercera generación, que permitirá la transmisión de imágenes y la navegación rápida por Internet, han comprometido una inversión de más de 16.296 millones de euros en los próximos 10 años, garantizados por avales de 8.236 millones. La tecnología UMTS, al ofrecer mayores aplicaciones, debe duplicar o casi triplicar el número de antenas necesarias para ofrecer cobertura respecto a las redes actuales de GSM-GPRS.

Además, del desarrollo de la tecnología UMTS, que ya acumula un retraso de más un año, depende no sólo la salud financiera de los operadores, sino también la de los fabricantes de equipos y, por ende, de terminales (Nokia, Lucent, Nortel, Alcatel, Ericsson, Motorola, entre otros), que han sufrido su mayor crisis el pasado año, con pérdidas millonarias y anuncios de despidos masivos.

Pero es que, además, los operadores se quejan de que la 'falsa polémica' de las antenas no sólo afecta a las inversiones futuras para nuevas infraestructuras, sino a la calidad del servicio actual. 'Si continúa el ritmo de desenganches actual, se pueden producir problemas en la calidad del servicio, porque ya estamos detectando zonas en sombra por la ausencia de estaciones base que presten una adecuada cobertura', señala el directivo de un operador.

La trascendencia pública que han tenido casos como el del colegio público García Quintana, en Valladolid, o los de Palencia, Soria, León y Mijas (Málaga), donde se relacionaban casos de cáncer con las emisiones de las antenas (no probados en ningún caso científicamente), han desatado una ola de quejas ciudadanas, ante la que las autoridades han reaccionado negando los permisos para instalaciones o incluso ordenando la desmantelación de las ya existentes.

Pero las compañías han hecho un frente común para demostrar primero que sus instalaciones no tienen riesgo alguno para la salud. Para ello, esta misma semana, los consejeros delegados de Telefónica Móviles, Javier Aguilera; Vodafone, John de Wit, y Amena, Belarmino García, van a presentar un informe, realizado por empresas externas autorizadas, en el que se certifica que las emisiones de las aproximadamente 30.000 antenas que hay en toda España cumplen estrictamente los niveles legalmente establecidos tanto por el real decreto de 28 de septiembre de 2001 como por la orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología que regulan los límites de exposición a campos electromagnéticos.

Certificación de equipos

Los operadores quieren adelantarse al plazo del 1 de junio de 2002 dado por la Administración para que se certifique la ausencia de cualquier tipo de riesgo para la salud. Pero, además de volver a tranquilizar a los ciudadanos sobre la inocuidad de sus emisiones (los estudios manejados por los operadores y avalados por distintas instancias oficiales dicen que la potencia de una estación base de telefonía móvil es menor que la de un microondas e infinitamente inferior a la de una estación de radio o televisión), las compañías quieren que la Administración central se comprometa de forma más activa a concienciar a los ciudadanos y a frenar la iniciativa de comunidades autónomas y ayuntamientos que quieren crear su propia legislación en esta materia, lo que supondría multiplicar los problemas actuales y pondría aún más en peligro las inversiones.