Lenocinio

En 1976 yo vivía en San Sebastián en la fonda de doña Josefa Cortajarena, que era un hogar donde sucedían muchos prodigios y gracias. Recuerdo a mis compañeros de hospedaje: dos eran trabajadores de la papelera de Rentería, dos más eran alumnos de derecho procedentes de Mondragón y otros dos eran jugadores de baloncesto del equipo local. Uno venía de Nueva York -Robota- y el otro de Vizcaya -Pérez-. Además de estas gentes, y de mí mismo, en la fonda vivían dos prostitutas con las que compartíamos algo tan inocuo como ver los dibujos animados de Heidi. Una de estas mujeres, por cierto, tenía la amena costumbre de desnudarse primero y acicalarse después, bajo la mirada de los huéspedes y de Heidi, y esto sucedía porque el cuarto de la tele era su dormitorio en la alta madrugada. Esta mujer, muy delgada y blanca, decía llamarse Tamara. Su compañera se apellidaba Domínguez, era gallega y decía que había un hombre en Pamplona que la quería mucho y que pronto la iba a retirar. Una tarde el deportista Pérez y yo le preguntamos que por qué se dedicaba a oficio tan lastimoso, a lo que la puta Domínguez, que era una mujer de orden y de mucha cabeza, argumentó que, de no ser por ellas, ¿cómo iban a conocer las delicias del sexo los muy tímidos, algunos ancianos solitarios, ciertos lisiados y tantas otras gentes que nunca tuvieron fácil el acceso carnal? La respuesta nos dejó más que pensativos. Y yo ahora pongo en relación aquella dialéctica tarde donostiarra con los planes de Rafael Blasco, consejero de Bienestar Social, un hombre innovador y progresista que ha impulsado la aprobación de la primera ley de parejas de hecho de España y que ha propuesto algo tan pertinente, pero tan polémico, como es la legalización del amor mercenario. Porque los tráficos adultos que existen y que no van a desparecer deben ser regulados, siempre que no sean delictivos, obviamente. Legalizar la prostitución, aunque chirríe, supondrá más derechos que penas para los hombres y mujeres que se dedican a tan antigua labor. Por lo demás, no es descartable que en el futuro Estado de bienestar exista el derecho constitucional al sexo, y los poderes públicos tendrán que proveer.