Lear indemnizará con 6.600 euros a cada uno de los 1.000 despedidos

El cierre de la planta de Lear en Cervera (Segarra) que pretende la multinacional le supondría un coste medio de 6.600 euros (1,1 millones de pesetas) para cada trabajador en concepto de indemnización. Este cálculo se basa en la propuesta empresarial de pagar 37 días por año trabajado a una plantilla con una antigüedad media que ronda los 10 años, según cálculos del comité de empresa.

En total, Lear desembolsaría en torno a 66 millones de euros (1.100 millones de pesetas) para el millar de trabajadores fijos de la empresa. La firma considera que su oferta duplica la indemnización prevista en el Estatuto de los Trabajadores para los despidos procedentes, pero los sindicatos la han calificado de 'insulto'.

El comité de empresa reclama una indemnización media de 45 días por año trabajado. Esta petición supone elevar la indemnización media a un mínimo de 9.000 euros. Las negociaciones para pactar las condiciones económicas de los despidos y la recolocación de parte de la plantilla se rompieron el pasado viernes cuando el comité no aceptó la propuesta presentada por la dirección.

La última oferta de Lear prevé también la posibilidad de recolocar sólo a 170 trabajadores, de los que 100 irían destinados a la fábrica de Ávila, otros 50 a la de Valls y los 20 restantes a cualquiera de las plantas que la firma tiene en España. El comité de empresa mantiene la convocatoria de huelga para los días 14 y 18 como protesta por la actitud de la compañía.

Apoyo del fiscal

Por su parte, la fiscalía se adhirió ayer a la demanda presentada por la representación sindical de la plantilla de Lear y solicitó que la empresa sea condenada a pagar una indemnización de 200.000 euros (más de 33 millones de pesetas) por haber vulnerado el derecho a la libertad sindical de los trabajadores.

El comité de empresa y las secciones sindicales del metal de UGT y CC OO presentaron una demanda por la tutela de la libertad sindical, supuestamente lesionada por la dirección de Lear en la asamblea del pasado 8 de febrero, en la que comunicó directamente a los trabajadores la decisión de cerrar la planta. En la vista oral celebrada ayer en el Juzgado de lo Social de Lleida, el abogado de los trabajadores y de UGT, Lluís Ezquerra, acusó a la empresa de no haber comunicado previamente la decisión a los representantes de los trabajadores, con lo cual les ocasionó unos daños morales que deben ser resarcidos económicamente.

La representante legal de la empresa, la abogada laboralista Maria José Abella, consideró improcedente la demanda y acusó al comité de empresa de haber obrado con 'mala fe y temeridad'.