El Ayuntamiento de Málaga denuncia ante el fiscal al organizador de la macrofiesta por duplicar el aforo

El Ayuntamiento de Málaga denunció ayer ante la Fiscalía y la Consejería de Gobernación a Daniel Moreno, el organizador de la macrofiesta celebrada el sábado en el Palacio de los Deportes y tras la que murieron dos jóvenes por supuesto consumo de éxtasis. Canal Sur ha requerido al consistorio una copia del expediente ya que se plantea presentarse como acusación particular por el uso indebido de su nombre. Ayer entanto siguió la disputa política. El PSOE acusó al PP de tratar rentabilizar los sucesos y los populares recordaron que el Plan Andaluz de Drogas está pendiente desde 1997.

El consistorio basa ambas demandas en el exceso de aforo, ya que apunta que aunque la capacidad del pabellón es de 8.000 personas, las investigaciones cifran la asistencia entre '13.000 y 16.000'. Además, detalla que el organizador puso a la venta 14.000 entradas, 11.000 de forma directa y 3.000 por Internet.

'Moreno Díez, conocedor sin lugar a dudas del aforo máximo del Palacio de los Deportes -para la evacuación del cual presentó incluso un plan de seguridad ajustado al número máximo permitido- procedió a vender un número de entradas muy superior al de aquel, a sabiendas de que si todos los compradores, como era lógico esperar, se personaban en el recinto, sería imposible permitir su entrada a todos'. Las denuncias añaden que 'defraudó' así a los compradores y 'obtuvo un beneficio ilícito por la venta de unas entradas que desde el principio sabía que no podían tener en su totalidad la necesaria contraprestación'.

Además, los escritos precisan que se produjeron incidentes porque 'multitud de jóvenes' se agolpó en la puerta con entradas o recibos de compra a través de Internet: 'En su afán por entrar al espectáculo comenzaron a golpear puertas y cristales, provocando roturas y destrozos, y ante la gravedad de la situación que amenazaba con extender el peligro a las propias personas que tumultuosamente querían entrar de cualquier modo, desbordando las medidas de seguridad contratadas por el organizador, para evitar males mayores, permitieron el acceso al recinto'. Las denuncias aclaran que no hubo heridos, pero no cuantifican los daños. Los hechos fueron comunicados al fiscal para que determine si constituyen un delito y de la Junta por si suponen una infracción administrativa.

Canal Sur -cuyo nombre figura en la petición que Moreno elevó al ayuntamiento para que le cediera el pabellón- estudia presentarse como acusación particular en el pleito. Responsables de los servicios jurídicos del ente público han pedido al consistorio copia del expediente para saber si se produjo un uso indebido de su nombre.

La polémica tuvo ayer su vertiente política. El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, acusó al PP de intentar 'rentabilizar políticamente' los incidentes. Zarrías exculpó a la Radio y Televisión Andaluza (RTVA) de la polémica y dijo que ha sido 'víctima de un uso fraudulento de su marca'. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, también terció en la disputa, lamentó que la credibilidad de Canal Sur haya quedado 'por los suelos por amparar' fiestas de música electrónica y criticó que todabía esté pendiente el Plan Andaluz de Drogas de 1997.