La oposición política y los vecinos acogen con cautela la futura norma

PSOE e IU están de acuerdo con el proyecto de ley regional sobre drogodependencias, pero sólo en parte. Ambos partidos coinciden en que es necesario endurecer las sanciones a establecimientos que vendan alcohol a menores y apoyan las medidas que afectan a la publicidad, pero creen que prohibir totalmente el consumo de alcohol en la calle será 'ineficiente'. La asamblea de vecinos de Malasaña también acoge el proyecto con cautela, y considera que la 'represión' no es la única medida. La única entidad que se ha mostrado plenamente satisfecha ha sido la Asociación de Bares de Copas.

Rafael Simancas, secretario general de la Federación Socialista Madrileña, calificó de 'exagerado' el proyecto de ley aprobado ayer por el Gobierno de la Comunidad. 'Si se trata de medidas sancionadoras y limitativas en la venta de alcohol y en la publicidad, bienvenidas sean. Pero la prohibición total es de una efectividad limitada', auguró. Los socialistas apuestan por limitar el consumo de alcohol a determinados 'lugares y situaciones'. Simancas afirmó que no está de acuerdo con el proyecto porque no tiene nada en contra de que 'alguien esté en un parque y se tome un bote de cerveza' o que se beba en las puertas de los bares.

'No hagamos prohibiciones totales. Bastaría con que los ayuntamientos establecieran limitaciones y se pudiera beber en zonas concretas, sin molestar a nadie', dijo el líder socialista.

El portavoz del grupo parlamentario de IU, Ángel Pérez, está conforme con las medidas que afectan a la publicidad y con las sanciones a los que vendan alcohol a menores, pero aseguró que la ley no conseguirá que el problema 'de fondo' se combata, porque los jóvenes se las ingeniarán para seguir bebiendo en la calle: 'Esto los arrojará al botellón nómada. Hay que luchar contra la cultura del alcohol, pero esta ley no va a conseguir acabar con él', añadió Pérez.

Simancas recordó que desde 1996 se han puesto sólo 13 sanciones a establecimientos por vender alcohol a menores de edad. 'La experiencia, pues, no es halagüeña', subrayó.

Tanto Pérez como la edil Inés Sabanés, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, creen que no se han evaluado las consecuencias negativas que puede traer el proyecto de ley: 'Se ha aprobado de una forma precipitada y sin la participación de expertos ni interlocutores sociales como los jóvenes', señaló Sabanés. 'Así no se va a solucionar el problema, porque se va a actuar sobre los efectos, no sobre las causas que originan este fenómeno'.

Vicente Dalda, presidente de la Asociación de Bebidas Espirituosas, tiene una opinión mucho más rotunda en contra de la norma. 'Ruiz-Gallardón endurece la ley porque hay algunos que no la cumplen', comentó en referencia a los menores del botellón. 'El alcohol no es malo por definición; sólo es malo el exceso', matizó Dalda.

'Nos quita presión'

Como contrapunto a la cautela mostrada por la oposición, la Asociación de Bares de Copas se declaró totalmente de acuerdo con el proyecto de ley. Su presidente, José Luis Salazar, asegura que con la prohibición de que los menores entren en discotecas y pubs se les quita a los hosteleros 'una presión de encima', ya que no tendrán que actuar 'como policías' para evitar que los menores beban o los mayores les pasen bebidas.

Los vecinos del barrio de Malasaña, uno de los más afectados por el botellón, acogieron la medida con reservas. Carlos Priego, portavoz de la Asamblea de Vecinos de este barrio, afirmó que está 'de acuerdo' con prohibir el consumo de alcohol en la vía pública 'en espera de conocer el desarrollo completo de la ley'. Priego se mostró especialmente a favor de la medida que obliga a los médicos a avisar a los padres cuando atiendan a menores con intoxicación etílica, e incluso fue más allá: 'Los padres deberían pagar una parte de los gastos sanitarios, así tomarían conciencia de la dimensión del problema'. Sin embargo, el representante vecinal insistió en matizar que 'la represión no es el único camino'. Los vecinos de Malasaña esperan que la ley sirva para normalizar la situación. 'Y, una vez que el problema esté solucionado, nos parecería razonable que la norma se flexibilizara', comentó Priego.

Prisciliano Castro, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, opina que 'la ley puede ser una pieza más en el rompecabezas del botellón, pero no es suficiente'.

Por su parte, el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, calificó el proyecto de ley como una norma 'preventiva y valiente' que va a 'poner freno' a un problema social.