Interior y los partidos vascos pactan reformas para reforzar la seguridad de los concejales

Los partidos democráticos vascos y la Consejería de Interior pusieron ayer en marcha la comisión técnica de seguridad sobre los ediles amenazados por ETA, con un plan de trabajo, un diagnóstico común sobre la situación de los concejales y un acuerdo sobre la existencia de un 'espacio de trabajo compartido'. La protección se reforzará en ciertas zonas y a las reformas legislativas ya previstas se añade la de la Ley de Régimen Electoral para que no puedan concurrir a las elecciones personas incursas en procedimientos por violencia callejera o amenazas, aun sin estar condenadas.

La comisión técnica echó a andar con la fijación de un programa de trabajo en torno a varios acuerdos a los que se empezará a dar salida en una nueva reunión fijada para el próximo martes. El Departamento de Interior, que encabeza Javier Balza, emitió tras el cónclave un comunicado, consensuado por todos los asistentes, en el que se da cuenta de la coincidencia de los presentes en el diagnóstico sobre la situación de los ediles, la necesidad de reforzar la reacción social y política con 'medidas concretas y efectivas' y se afirma la existencia de un 'espacio de trabajo compartido para su desarrollo'.

El acuerdo fue total, salvo en la propuesta de los populares de interponer mociones de censura contra los alcaldes de Batasuna en municipios donde ésta gobierna en minoría. Para hacerlo posible, el Gobierno vasco aceptó la propuesta del PSE de residenciar en la Junta de Seguridad -órgano bilateral de encuentro de los departamentos de Interior vasco y central- todas las cuestiones relativas a la ampliación de la Ertzaintza y a su presencia en los foros de seguridad europeos. La comisión se limitó a darse por enterada de la posición que defiende el Ejecutivo de Vitoria, sin tomar una posición al respecto.

Derivados esos temas a su foro natural y fiada la petición de aislamiento de Batasuna a la moción que Eudel (la Asociación de Municipios Vascos) debe promover en todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma, el camino para el acuerdo quedó abierto.

Los reunidos decidieron reforzar la seguridad de los concejales en algunas comarcas y municipios concretos, que no se precisarán. También impulsarán las reformas legislativas para poner cortapisas al acceso a datos de registros públicos y del padrón, de los que está comprobado que obtienen informaciones los terroristas, y las que otorgarán la consideración de autoridad pública a los ediles, de modo que sean encarcelados quienes les amenacen o ataquen. A las propuestas ya existentes se añadió la de estudiar la modificación de la Ley Electoral para convertir en causa de inelegibilidad el mero hecho de tener abierto un procedimiento por violencia callejera o amenazas, sin necesidad de condena.

El representante del PSE, Víctor García, se mostró satisfecho a la salida y calificó el encuentro como 'muy positivo'. 'Se ha alcanzado un fondo y un diagnóstico compartido y tenemos delante un camino amplio que podemos recorrer juntos'. García lamentó la ausencia en la reunión de representantes del Ministerio del Interior. 'Ha sido una lástima, porque algunas cosas de las tratadas le competen', señaló.

La reunión empezó pasadas las cinco de la tarde y terminó a las 20.30. Finalmente, la presidió el propio consejero Javier Balza. Completaron la mesa su número dos, Mikel Legarda, y, como representantes de los partidos, José Antonio Rubalcaba (PNV), Victor García (PSE), Rafael Larreina (EA), Antton Karrera (IU) y Carlos Urquijo (PP). Al lado de éste último, una silla vacía rotulada 'Ministerio de Interior' testimoniaba la ausencia del representante de la Administración central, un gesto que molestó al respresentante popular. Urquijo mostró la 'decepción' y 'descontento' del PP porque no se hubiese 'conseguido avanzar' en el aislamiento político de Batasuna que volvió a proponer en nombre de su formación. Con todo, Urquijo reconoció que los acuerdos en el resto de los asuntos son de importancia.

Balza había considerado por la mañana la ausencia del ministerio como 'el primer incumplimiento de los acuerdos alcanzados el 22 de febrero' en la reunión conjunta de partidos e instituciones que presidió el lehendakari. En declaraciones a la Cadena SER, el consejero de Interior reconoció que la decisión ministerial 'dificultará' los objetivos de la comisión.