Tarragona tiene 10.000 expedientes de inmigrantes sin resolver

Los sindicatos UGT, CC OO, Unió de Pagesos, la patronal y el Colegio de Graduados Sociales de Tarragona se unieron ayer para denunciar el colapso existente en la Subdelegación del Gobierno en la tramitación de los expedientes de regularización de inmigrantes, lo que perjudica no sólo a los propios inmigrantes sino a 'la actividad económica y productiva del territorio', al imposibilitar la contratación de mano de obra que se considera imprescindible. Según los denunciantes, son más de 10.000 los expedientes paralizados, aunque según la subdelegación, esta cifra se reduce a 6.000.

Según la Subdelegación del Gobierno, en Tarragona se tramitan 2.000 expedientes al mes, por lo que esperan que la situación se haya normalizado en los próximos tres meses.

El presidente de la patronal de Tarragona, (CEPTA), Sebastià Cabré, recordó los problemas existentes en la provincia para la contratación de personal y aseguró que el colapso existente en la subdelegación imposibilita que los empresarios puedan contratar a inmigrantes y no caer en una ilegalidad. Según sindicatos y patronal, esta situación causa una 'disfunción social', que, sostiene Cabré, ha llegado a suponer que 'inversiones importantes', que no especificó, se estén replanteando. El presidente de la patronal recordó que ante la próxima apertura de Port Aventura, que este año cuenta con dos nuevos hoteles, y la construcción de grandes complejos hoteleros en la Costa Dorada, se hará más complicada la situación a partir de Semana Santa, cuando se prevé que haya una demanda de trabajo para 3.000 personas. Universal's Port Aventura hace años que ya busca a su personal fuera de la provincia y en lugares tan alejados como Castilla o Galicia.

Colas diarias

Según los sindicatos, la Ley de Extranjería y su reglamento, 'no cuenta con los instrumentos y medios necesarios para desarrollarse con solvencia'. Mario Rigau, secretario general de UGT en Tarragona, juzga 'lamentable' la existencia diaria de colas de entre 75 y 100 personas ante la Subdelegación del Gobierno para la tramitación de sus papeles. Rigau considera que la subdelegación realiza 'oscurantismo' en la tramitación.

Los denunciantes creen que el acuerdo del Consejo de Ministros para la suspensión de la tramitación de permisos de trabajo y residencia con ofertas de trabajo nominales, 'atenta contra los derechos individuales recogidos en la Constitución'. El Colegio de Graduados Sociales anunció la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo.

Los empresarios de la construcción, del turismo y de la agricultura habían reclamado la contratación en sus países de origen de 3.800 trabajadores, pero, según informaron ayer, la subdelegación sólo ha gestionado 500 expedientes, que todavía no se han resuelto. Salomó Torres, coordinador territorial de Unió de Pagesos, consideró 'hipócrita' este hecho. Añadió que se recomienda la contratación en los países de origen; 'cuando todos sabemos que el contingente de trabajadores ya está aquí, se les atiende en los hospitales y se les empadrona en los ayuntamientos, pero no se les puede contratar'.