Aparicio dice que la financiación de Hobetuz depende del Gobierno vasco

El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, no dejó ayer lugar a la duda y dijo que la financiación de Hobetuz es cosa de quien lo creó de forma 'libérrima', es decir del Gobierno vasco. Mientras Aparicio clausuraba en Bilbao el congreso Aprendiendo sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, a 60 kilómetros, en Vitoria y casi al mismo tiempo, el portavoz del Gobierno, Josu Jon Imaz, reivindicaba los 'compromisos económicos' de Madrid para la Hobetuz.

El año 1999 fue el último que la Fundación para la formación continua recibió 3.500 millones de pesetas de los Presupuestos Generales del Estado. Los trabajadores y las empresas vascas pagan por las cuotas de formación al Inem un total de 6.250 millones de pesetas. Tanto el Ejecutivo como los sindicatos nacionalistas exigen al Estado que revierta esa cantidad para los trabajadores.

A pesar del mensaje del Consejo vasco de Gobierno, el ministro de Trabajo redujo a cero las posibilidades de financiar la formación continua a través de la Fundación Hobetuz, y además lo hizo en medio de duras críticas al Gabinete de Ibarretxe. Aparicio dijo que ya existe el Forcem y recordó que 'fue el Ejecutivo de Vitoria quien decidió libérrimamente poner en marcha esta institución, de forma paralela a la del Estado'.

Para el ministro hay una máxima en la política y es que quien la hace la paga: 'Es evidente que si el Gobierno vasco creó la fundación lógicamente a él le compete buscar la financiación adecuada'.

Compromisos

El consejo de Gobierno abordó en su reunión de ayer la financiación de Hobetuz y volvió a reclamar del ejecutivo central el cumplimiento de los 'compromisos adquiridos' y la transferencia de la formación profesional continua. El Gobierno reiteró la vigencia del acuerdo suscrito en 1995 entre los agentes sociales y reclamó para Hobetuz el protagonismo en el impulso de la calidad de la formación continua en Euskadi 'desplazando al Forcem' en la gestión de esta materia en la comunidad.

La sintonía entre los gobiernos central y vasco respecto a estos fondos se rompió en el crispado período del anterior mandato de Ibarretxe. Desde 2000, cuando a la vez el PP alcanzó la mayoría absoluta en el Congreso, no ha habido acuerdo.

El conflicto traza también una línea divisoria entre los sindicatos de implantación exclusivamente vasca y los de ámbito nacional. La patronal autonómica ha tomado un papel activo en la demanda a las dos administraciones para que se pongan de acuerdo en los fondos.