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Tribuna:DEBATE SOBRE EL AGUA

PHN: el informe que reforzó la Enmienda 10

A mediados del pasado enero, el Ministerio de Medio Ambiente presentó en Bruselas la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del Plan Hidrológico Nacional (PHN), con la que trataba de demostrar la bondad ambiental del PHN, y más concretamente, del trasvase del Ebro. El 6 de febrero, la Fundación Nueva Cultura del Agua (Funca) presentó también en Bruselas, en un acto conjunto con representantes de cinco grupos políticos del Parlamento Europeo, un detallado análisis crítico de la EAE y del propio PHN realizado por un equipo de veinte especialistas, bajo la dirección del profesor D. Pedro Arrojo, del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza. Un resumen de este informe circuló en los medios comunitarios y su contenido fue tenido en cuenta por los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo que aprobaron el 20 de febrero la ya famosa Enmienda 10, en la que se reprobaba el PHN del gobierno español. Como se recordará, el 28 de febrero la enmienda fue aprobada en el Pleno del Parlamento Europeo con una redacción modificada, en la que se eliminaba la mención explícita al PHN, pero se mantenía el cuestionamiento de los trasvases, en los términos siguientes: '... Manifiesta su profunda preocupación ante el precedente sentado por las propuestas de realización de planes insostenibles de gestión de recursos hídricos en toda Europa y pide a la Comisión Europea que, por estas razones, no facilite financiación europea para estos proyectos de trasvases'.

La evaluación ambiental elude analizar la irracionalidad económica de los trasvases

Los pretendidos caudales excedentarios en el Delta del Ebro desaparecerán en 20 años

Las conclusiones del documento crítico a la EAE elaborado por la Fundación Nueva Cultura del Agua se articulan en 15 puntos:

1. La EAE tergiversa el concepto de desarrollo sostenible: aunque usa con profusión el término 'desarrollo sostenible', lo identifica con el aumento de la oferta de caudales. Se marginan así las estrategias de gestión de las demandas, lo que supone un grave desenfoque y falseamiento del concepto de desarrollo sostenible en materia de política hidrológica.

2. La EAE no estudia el PHN sino tan sólo los trasvases del Ebro: el documento del Gobierno elude valorar los impactos de la ingente oleada de 120 grandes presas proyectadas en el país del mundo con más embalses por habitante y por kilómetro cuadrado, ligada a la masiva extensión de nuevos regadíos (más de un millón de nuevas hectáreas).

3. Se elude analizar los impactos globales en la cuenca del Ebro: no se estudian los impactos de decenas de nuevos grandes embalses en el Pirineo, que junto al desarrollo de 450.000 nuevas hectáreas de regadío en la cuenca, y a los grandes trasvases previstos, garantizan un marco de insostenibilidad para el Delta del Ebro.

4. En el diagnóstico de la situación no se analizan las causas de los problemas: no se estudian los intereses económicos y políticos que han alentado el desarrollo ilegal del regadío en zonas sobreexplotadas, la contaminación incontrolada, y el desarrollo urbano-turístico al margen de cualquier ordenación territorial y urbanística razonable.

5. El diagnóstico del PHN asume un crecimiento insostenible de las demandas, elude tratar el desgobierno en las zonas sobreexplotadas e infravalora los recursos de la cuenca del Júcar: la Administración no sólo tolera la masiva sobreexplotación ilegal de los acuíferos, sino que además promueve expectativas de legalización e incluso de dotación de nuevos regadíos a través de los trasvases, con lo que anima la espiral de la sobreexplotación. En la cuenca del Júcar el pretendido déficit de 300 hm3/año presentado en el PHN contrasta con los 1.100 hm3/año de 'excedentes' disponibles que establece el plan de cuenca elaborado dos años antes por el mismo ministerio.

6. Análisis insuficiente de los efectos del cambio climático: la memoria del PHN presenta un escenario de cambio climático que podría caracterizarse como optimista. Sin embargo, aún desde este escenario, los pretendidos 'caudales excedentarios' en el Delta desaparecen en poco más de veinte años. Ante ello, el PHN reduce su análisis a un horizonte de 20 años.

7. Se elude asumir los criterios de la directiva marco para asegurar el buen estado ecológico de los ríos incluyendo deltas, estuarios y litorales: los estudios publicados durante los últimos años por los equipos más prestigiosos de especialistas en la materia exigen un régimen de caudales para garantizar la sostenibilidad del Delta del Ebro (9.000-12.500 hm3/año) que casi cuadruplica lo que el PHN asume como requerimientos ambientales (3.000 hm3/año).

8. Se amenaza la sostenibilidad de los ecosistemas fluviales mejor conservados en el Pirineo y otras zonas de montaña por la construcción de 120 nuevos grandes embalses: entre las 120 grandes presas previstas en el PHN, muchas de ellas amenazan gravemente tramos de río en la cabecera de las cuencas, que constituyen hoy los ecosistemas fluviales mejor conservados de España e incluso de Europa en algunos casos, rompiendo así el principio de no deterioro establecido por la Directiva Marco de Aguas.

9. Se elude hacer un análisis serio de la calidad de las aguas trasvasables y sus impactos en las zonas receptoras: las aguas que se prevé trasvasar desde el Bajo Ebro son de mala calidad, superando actualmente en media los 1000 µS/cm que la UE recomienda como límite de salinidad para aguas prepotables. Su mezcla con las aguas del Júcar en el embalse de Tous afectaría negativamente a la calidad del agua para el área de Valencia (1 millón de personas), que se surte de este embalse. Las previsiones de evolución de la calidad prevén un drástrico empeoramiento, especialmente en la medida que está previsto ampliar los regadíos y otros usos del agua en la cuenca del Ebro. Por otra parte, la EAE no analiza los procesos de salinización en tierras de cultivo como consecuencia del uso de estas aguas de mala calidad, pese al antecedente de la espiral de deterioro que supuso el trasvase Tajo-Segura sobre las huertas del Bajo Segura, a pesar de la alta calidad de las aguas trasvasadas.

10. El documento de EAE soslaya un análisis riguroso de las afecciones a espacios, hábitats y especies protegidos: al respecto existe unanimidad, tanto entre los movimientos ecologistas más prestigiosos como entre los expertos independientes y cátedras de Ecología de la Universidad española: el PHN supone el mayor conjunto de impactos sobre espacios y especies protegidos jamás aprobado en los países de la UE. Asimismo, los principales ictiólogos de nuestro país denuncian los graves impactos sobre especies piscícolas de enorme valor, dado el elevado número de endemismos existente en las cuencas españolas (el más alto de Europa). Tanto los grandes embalses, como muy especialmente los trasvases, amenazan en este caso la estructura biológica autóctona de los ríos españoles, amenazando en algunos casos la supervivencia de especies protegidas.

11. Se elude estudiar seriamente los impactos sociales y los graves desequilibrios interterritoriales que induce la política trasvasista: el documento de EAE presenta un lamentable tratamiento de los impactos sociales, eludiendo estudiar los graves conflictos suscitados (las mayores movilizaciones de las últimas décadas con más de un millón de manifestantes contra el PHN). En lo que se refiere a la aplicación del principio de equilibrio interterritorial, las áreas más negativamente afectadas por el PHN y su política trasvasista son sin duda las comarcas pirenáicas y las del Bajo Ebro, cuyos parámetros de desarrollo socioeconómico son muy inferiores de los de las comarcas teóricamente beneficiadas: área metropolitana de Barcelona, costa levantina, murciana y almeriense, cuyas rentas per cápita están entre las más altas de España. Tomar como referencia indicadores medios a nivel regional (Aragón, Cataluña, C. Valenciana, Murcia y Andalucía) deforma la realidad territorial que se pretende valorar.

12. La EAE elude analizar seriamente la irracionalidad económica de los trasvases y del conjunto del PHN: el balance económico coste-beneficio positivo que presenta la memoria del PHN, si se desarrolla con rigor, resulta ser rotundamente negativo. Una larga serie de errores consentidos y trucos contables sesgan de forma inaceptable los cálculos económicos presentados por el PHN.

13. Se elude, siquiera en una perspectiva de futuro, asumir el criterio de 'recuperación íntegra de costes' para cada zona usuaria previsto por la directiva marco: para Alicante, Murcia y Almería, los propios costes estimados muy favorablemente por el Gobierno se disparan al entorno de los 60 céntimos de euro/m3 (100 pesetas/m3) claramente por encima incluso de los costes de desalación del agua de mar. Las mismas estimaciones del Gobierno indican que por encima de 36 céntimos de euro/m3 (60 pesetas/m3) no habría capacidad de pago del agua desde la agricultura.

14. El documento de EAE excluye de forma inaceptable e incluso sospechosa la consideración de opciones de mercado como herramienta de gestión de la demanda: siendo el propio Gobierno del PP quien en su momento impuso la reforma de la Ley de Aguas para legalizar los mercados de derechos concesionales de aguas, resulta sorprendente la marginación de este tipo de opciones que, adecuadamente intervenidas desde la Administración, podrían permitir atender muchas demandas, especialmente en periodos de sequía (bancos de agua) en base a transferencias voluntarias.

15. El documento de EAE simplifica el abanico de opciones estratégicas y sesga la valoración de las opciones no basadas en grandes trasvases: existen alternativas viables basadas en estrategias mixtas no valoradas por la EAE en las que se deberían combinar:

a) La retirada selectiva de superficies de regadío, empezando por las ilegales; en el caso de regadíos legales, se cuenta con la experiencia exitosa de La Mancha, en donde un adecuado programa europeo de compensaciones ha conseguido en pocos años reducir en 300 hm3/año las extracciones del acuífero sobreexplotado.

b) La aplicación de programas e incentivos para mejorar la eficiencia en el uso urbano, industrial y agrario, con amplios márgenes de ahorro potencial que se sitúan en un orden de 650 hm3/año en el litoral mediterráneo (entre ahorros urbanos y agrarios).

c) La optimización de una gestión integrada de recursos superficiales y subterráneos.

d) La reutilización de retornos urbanos, la desalobración de aguas salobres y la desalación de aguas marinas.

e) Opciones de mercados intervenidos (bancos de agua) que permitan flexibilizar el sistema concesional de aguas superficiales.

f) Fomento de estrategias de ordenación territorial y urbanística coherentes con perspectivas de desarrollo sostenible.

Una opción estratégica mixta de este tipo alumbraría alternativas razonables y coherentes con las nuevas perspectivas del desarrollo sostenible, que no sólo son viables sino mucho más económicas que las alternativas trasvasistas presentadas por el Plan Hidrológico Nacional.

Antonio Estevan es ingeniero industrial y asesor de política hidrológica del Gobierno autónomo de las Islas Baleares.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de marzo de 2002