Transparencia de los líderes sociales

En este comienzo de siglo observo una preocupante falta de transparencia en muchas de las informaciones y actitudes de los líderes sociales. Para los que siempre hemos defendido la transparencia como principio y condición indispensables para todos los que actúan en la vida pública -y creemos haber seguido personalmente esa pauta en el mundo empresarial y político-, es sorprendente comprobar con qué frivolidad y desfachatez algunos dirigentes interpretan sus obligaciones para con los accionistas, directivos, empleados, bancos, proveedores y clientes en el primer caso, y con los ciudadanos en general, en el segundo.

Se ha escrito mucho y bien sobre las irregularidades y escándalos del caso Enron, pero quisiera resaltar, y denunciar, la actitud fraudulenta de parte del equipo directivo que ha estafado a los empleados haciéndoles perder sus puestos de trabajo y volatilizando sus planes de pensiones; a sus accionistas, hinchando artificialmente las cotizaciones con falsos resultados y previsiones a base de filiales que absorbían las pérdidas; a sus bancos acreedores, presentándoles balances amañados para obtener créditos; a políticos poco exigentes, republicanos y demócratas, engañándoles con sustanciosas aportaciones a sus campañas electorales, y a clientes y proveedores, mientras todos ellos vendían las acciones de Enron con fuertes plusvalías y se enriquecían ilegalmente. ¡Qué responsabilidad la de unos auditores que no sólo han dado fe de una realidad contable inexistente, sino que muchos tenemos la sospecha fundada de que ayudaron a falsearla mediante la anestesia de unas soberbias minutas por trabajos de asesoría(?)! ¡Qué espectáculo deplorable, aunque legal, el de esos ejecutivos acogiéndose a la Quinta Enmienda para no contestar y aguantando descalificaciones e insultos durísimos!

Muchas veces leemos y escuchamos críticas feroces contra el mundo empresarial que actitudes como las descritas -parece que compartidas por otros ejecutivos de algunas grandes empresas- avalan y justifican, pero me pregunto si somos conscientes de que una gran mayoría de empresas informan con absoluta transparencia al mercado de sus datos y evolución. Tema distinto al de la transparencia absoluta en los datos es que algunos de éstos nos parezcan inexplicables, como las fortísimas indemnizaciones que reciben algunos altos ejecutivos por abandonar sus puestos de responsabilidad, práctica que está generando fuertes polémicas con los accionistas institucionales, léase los fondos de inversión, los pequeños accionistas y la opinión pública. Todos los esfuerzos que realicen los organismos de vigilancia de los mercados para garantizar la limpieza de las transacciones bursátiles, perseguir la información privilegiada, promover la transparencia de las informaciones y erradicar de la vida económica a los tahúres y fulleros de cuello duro será bienvenida y aplaudida por la inmensa mayoría de los ciudadanos y, desde luego, por los empresarios auténticos, que no deben ser confundidos con algunos ejecutivos que sólo piensan en su propio beneficio.

Es curioso observar cómo la clase política denuncia abusos e irregularidades como los descritos y, sin embargo, se permite el lujo de no aplicarse el mismo grado de exigencia para sus propias actuaciones.

¿Cuántos de los dirigentes políticos bajo sospecha, internacionales y españoles, pueden presentar una información transparente sobre sus ingresos, gastos y situación patrimonial antes, durante y al abandonar su actividad política? Siempre intenté -sin éxito, bien es cierto- que los políticos admitiesen como normal el presentar, ante cualquier duda razonable sobre sus finanzas, un estado de origen y aplicación de fondos. Nunca olvidaré las reacciones en el Parlamento cuando propuse actuar así en una comisión. Fue una triste experiencia.

¿Nos hemos parado a pensar la ristra de escándalos por corrupción que han afectado y afectan a un número importante de los máximos dirigentes políticos internacionales?

¿Es posible asistir impasible a la ruina y miseria de millones de argentinos cuando se conoce que existen depósitos de ciudadanos argentinos en el extranjero -muchos de ellos injustificables- por un importe superior a la deuda total externa de la nación? ¿Exigimos a los demás algo que no estamos, cada uno de nosotros, dispuestos a desvelar?

Si la democracia, tan difícilmente conquistada, quiere tener autoridad moral, debe basarse, a mi juicio, en una impecable transparencia de los dirigentes en la presentación y análisis de los datos que reflejen la realidad de un país, de una comunidad autónoma, de un ayuntamiento, de las organizaciones sociales, cámaras, patronales y sindicales incluidas, de la Iglesia, de las fundaciones y ONG, que permitan conocer su realidad económica, el origen de sus ingresos, el destino de sus gastos y la situación de sus inversiones.

En 2002, los ciudadanos queremos y exigimos saber si quien nos dirige, o aspira a ello, está decidido a ejercitar la transparencia económica, pues si no lo está nos resultará muy difícil creer que posteriormente lo hará con los presupuestos públicos o sociales que eventualmente le encomendemos.

José Antonio Segurado es empresario.