El PSOE pide que se reconozca la enfermedad profesional de los empleados de Electroquímica

El grupo parlamentario socialista ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para exigir al Instituto Nacional de la Seguridad Social el reconocimiento de incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad profesional para los ex trabajadores de Electroquímica Andaluza afectados de hidrargirismo por contaminación de mercurio. Electroquímica estuvo funcionando en Úbeda entre 1971 y 1992. De los 80 trabajadores que tuvo la empresa 18 ya han fallecido, siete de ellos en el último año.

La factoría se dedicaba a la fabricación de cloro y sosa, mediante electrólisis de sal gema en la que se utilizaba mercurio en su proceso de producción. El PSOE insta al Gobierno a tener en cuenta las sentencias judiciales reconociendo la enfermedad profesional para el colectivo de ex trabajadores, lo que daría lugar al cobro de indemnizaciones de entre 60.000 euros y 120.000 euros ( 10 y 20 millones de pesetas) y surtiría efecto en materia de invalidez y viudedad en su caso.

El diputado socialista Sebastián Quirós recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido hasta 17 fallos dando la razón a los antiguos trabajadores de Electroquímica que denunciaron la falta de medidas de seguridad durante su actividad laboral. También la Junta de Andalucía ha llegado a un acuerdo con este colectivo para una completa cobertura asistencial.

Sin embargo, las reivindicaciones de los ex trabajadores ante la Seguridad Social no han sido atendidas a pesar de las numerosas movilizaciones llevadas a cabo, la última de ella la huelga de hambre y el encierro en el cementerio de Úbeda a mediados del pasado mes de febrero. 'Ante la gravedad del padecimiento de este colectivo no se puede proceder a que cada ex trabajador le reconozca los tribunales su incapacidad derivada de enfermedad profesional', señala el diputado Sebastián Quirós. La comisión de Salud del Parlamento Andaluz aprobó también, por unanimidad de todos los grupos políticos, instar al Gobierno central a atender las demandas de estos trabajadores.

Además, la Proposición no de Ley del grupo socialista pide al Gobierno a que se inicie con la máxima urgencia una evaluación exhaustiva (por especialistas en la materia) al resto de ex trabajadores que aún no tienen reconocida judicialmente la incapacidad permanente absoluta.

En este sentido, se recuerda que ya en el año 1987 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social practicó una acta de infracción y, más tarde, el Grupo Aragoneses Industriales y Energía S.A. -al que perteneció Electroquímica- admitió por medio de un informe técnico la ausencia de indicadores de seguridad y medios de control y cifraba en 450 millones de pesetas la inversión necesaria para corregir ese déficit. La inversión no llegaría a ejecutarse.

Los socialistas consideran que el cierre de la fábrica en 1992 no se debió a razones de rentabilidad económica -Electroquímica estaba entre las cinco primeras productoras españolas en fabricación de cloro- y sí a la contaminación en su proceso de producción. 'Pensaron que cerrando la industria se taparía los problemas de los trabajadores', asegura el diputado Sebastián Quirós, que entiende que el coste de las medidas de seguridad era fácilmente asumible por la viabilidad empresarial de Electroquímica.