La economía del gas

El pasado 18 de febrero se publicaron tres importantes normas relativas al gas, que fijan las nuevas tarifas y peajes y determinan los costes reconocidos a las actividades reguladas (regasificación, transporte, distribución, comercialización a tarifa y almacenamiento), así como su mecanismo de actualización. La valoración de estas normas es muy diferente entre los agentes, aunque todos coinciden en que contribuyen a reducir el riesgo regulatorio en el sector.

La fijación del marco tarifario es clave para que la apertura total del mercado gasista -adelantada, como en el sector eléctrico, al 1 de enero del año 2003-, no se produzca en falso.

La pervivencia de subvenciones cruzadas entre consumidores, desde el segmento doméstico-comercial al industrial, propia del entorno normativo anterior, genera distorsiones e ineficiencias en las decisiones de los clientes, y en última instancia, puede provocar un déficit de ingresos del sistema que ponga en dificultades el sector y retraiga las inversiones.

La nueva normativa no introduce incentivos al cumplimiento del parámetro de calidad por parte de los distribuidores de gas

Es por ello que tarifas y peajes deben ser coherentes entre sí, y reflejar los costes incurridos por los distintos consumidores. En la normativa recién publicada, este objetivo no se cumple, tal y como ha expuesto el organismo regulador, al imputarse a los peajes un mayor volumen de costes que a las tarifas correspondientes.

En cuanto a la retribución de las actividades, la equiparación de inversiones existentes y nuevas, en contra de lo establecido en la propuesta previa, contribuye a definir un escenario más favorable para los agentes entrantes. En el caso de la distribución, sin embargo, el mecanismo de actualización definido -en función del crecimiento de los precios y de demanda y clientes- parece no tener en cuenta suficientemente la progresiva apertura del mercado y consiguiente pérdida de cuota de Gas Natural SDG y sus filiales en favor de los nuevos distribuidores y comercializadores. La fórmula de revisión de los costes reconocidos a la actividad podría situar en una situación ventajosa a los agentes establecidos frente a los nuevos, dificultando la competencia efectiva en el mercado.

Ello es aún más grave si tenemos en cuenta que la nueva normativa no introduce incentivos al cumplimiento de parámetro de calidad alguno por parte de los distribuidores, cuestión esencial, como ha quedado demostrado en un sector afín al gasista como es el eléctrico, en los últimos meses.

María Jesús Lago y Arturo Rojas son, respectivamente, analista sectorial y socio-director en Analistas Financieros Internacionales.