Cartagena no justifica el uso de 8 millones donados por unas monjas

Luis Fernando Cartagena, ex consejero de Obras Púbicas y ex alcalde de Orihuela, del PP, declaró ayer ante el tribunal que lo juzga que la donación de 8,6 millones de pesetas recibida de una congregación religiosa la empleó en la financiación de un proyecto social, en concreto 'incentivar' el desalojo de varias familias gitanas del centro de la ciudad para restuarar las viviendas que ocupaban.

El juicio por estos hechos ocurridos en 1993, cuando Cartagena ocupaba la presidencia del Ayuntamiento orioliano, comenzó ayer en la sección séptima de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche. Cartagena, de acuerdo a la petición inicial del fiscal, se enfrenta a cuatro años de cárcel por un delito de malversación y un año por falsificación de documentos. El ministerio público pide, además, un año de cárcel por falsificación de documentos para el segundo procesado, el empresario y militante del PP Ángel Fenoll.

Cartagena reconoció que en abril de 1993 las monjas de la congregación de las Carmelitas le entregaron 8,6 millones de pesetas en concepto de superávit de la gestión del Hospital Municipal San Juan de Dios. El procesado subrayó que las monjas dieron el dinero a condición de que se invirtiera en obras sociales. 'La entrega fue por una relación de confianza, y no por mi condición de alcalde'. Cartagena admitió que no ingresó el dinero en las arcas municipales y que lo guardó en un armario de la alcaldía.

Según Cartagena, ese dinero lo entregó posteriormente, en tres pagos, al empresario Ángel Fenoll. Éste, por encargo directo de Cartagena, había procedido, meses antes de la entrada en la alcaldía del donativo, a erradicar los clanes gitanos de la calle de Miguel Hernández. A continuación, el Ayuntamiento adjudicó por 4,7 millones de pesetas a una empresa de Fenoll la restauración de las viviendas desalojadas. Cartagena mantiene que el proyecto acarreó un sobrecoste [el supuesto pago de incentivos a los gitanos y exceso de mejora en la restauración de las casas]. Del pago de los incentivos a los gitanos no hay justificantes y tampoco del exceso de obra. El ingenerio municipal dijo que 'sólo observó exceso de mejora en una vivienda'. Esa casa, segun el fiscal, es propiedad de un hermano de la entonces secretaria de Cartagena. Fenoll admitió que Cartagena le pagó en efectivo y en la alcaldía tres recibos, cuyo importe coincide con el montante del donativo.El fiscal considera que los recibos son falsos.

La religiosa Bernardina Ramírez, administrativa del hospital, dijo que entregó el dinero 'al concejal de Servicios Sociales por su condición de cargo público'. La monja señaló que el superávit procedía de las aportaciones de los ancianos y creía que el Ayuntamiento era destinatario del dinero porque el edificio era de su propiedad y pagaba su mantenimiento.