Los municipios del PSOE hacen frente común contra la reforma del PER

Las Diputaciones andaluzas y los ayuntamientos gobernados por el PSOE han emprendido una ofensiva contra la modificación legislativa aprobada por el Gobierno central, del Partido Popular. Según aseguran los concejales y diputados provinciales, la reforma pone en peligro el futuro del Acuerdo por el Empleo y la Protección Social Agraria (AEPSA), antiguo Plan de Empleo Rural (PER).

La entrada en vigor de la Ley 12/2001 de Reforma del Mercado de Trabajo ha puesto en pie de guerra a las corporaciones locales, que ven como su aportación para financiar los costes salariales de los trabajadores contratados pasará de un 10% a un 60%. Todo ello irá en beneficio del Instituto Nacional de Empleo (Inem), que reducirá su aportación desde el 90% que aplicaba hasta ahora al 40% con la nueva ley.

'El Gobierno de la nación se quiere cargar el PER', declaró ayer con rotundidad el diputado de Obras de Jaén, Nicolás Ramírez, para quien 'el cambio brusco en los sistemas de financiación es inadmisible por las haciendas locales'.

Sólo en la provincia de Jaén, que recibió el último año 13,2 millones de euros, la incidencia económica de esta medida se eleva a cientos de millones. Ramírez puso como ejemplo al municipio de Jódar que, con más de 2.000 trabajadores, es uno de los que tiene un censo más numeroso de afiliados al régimen especial agrario. De los 60.101 euros que venía aportando este municipio hasta ahora pasará a abonar 360.607 euros. 'Ningún ayuntamiento podrá soportar esta carga económica', concluyó el diputado provincial jiennense. A su juicio, la modificación introducida por el PP 'es un ataque frontal a la economía social y a los sectores más desfavorecidos'.