Vecinos y sindicatos policiales achacan a la falta de efectivos la inseguridad ciudadana en Sevilla

Representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Sevilla Unidad y de los cuatro sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía se reunieron ayer en la capital hispalense para analizar las causas del incremento de la inseguridad ciudadana (el volumen de delitos en la ciudad ha crecido en torno a un 20% en 2001) y sus posibles soluciones. Tanto vecinos como policías coincidieron en sus planteamientos y realizaron de forma conjunta una denuncia que venían haciendo por separado desde hace meses: Sevilla tiene un déficit de alrededor de 500 agentes de policía y el Ministerio del Interior y la Dirección General de Policía son responsables de la situación por su falta de inversión en seguridad ciudadana.

'Hay que aumentar la plantilla policial en Sevilla. El déficit de agentes es de 500 efectivos', señaló Manuel Gómez-Lobo, presidente de la federación de vecinos. 'Pero también es necesario que los policías reciban buenas retribuciones para que estén motivados. Además, se están desmontando los grupos de investigación; y si no se investigan los delitos, crece la impunidad', añadió.

Manuel Espino, representante de los cuatro sindicatos policiales (SUP, ANPU, UFP y SPPU), coincidió con Gómez Lobo en destacar las carencias de recursos humanos del Cuerpo Nacional de Policía en Sevilla. 'Hay una plantilla envejecida. Hace falta una mejor política de personal del Ministerio del Interior. Su abandono de la seguridad pública coincide curiosamente con el crecimiento de la seguridad privada', indicó. Según datos del Ministerio facilitados por los sindicatos policiales, la plantilla del cuerpo en la provincia de Sevilla se redujo de 2157 agentes en 1996 a 1731 en 2001. Tanto Gómez Lobo como Espino denunciaron el fracaso del plan Policía 2000, que ambos calificaron como 'operación de marketing que se ha dedicado a maquillar datos estadísticos'.

El dirigente sindical apuntó varias medidas que podrían paliar la actual situación. 'Lo primero es aumentar la inversión en seguridad pública, que desde 1996 hasta 2000 se redujo en todo el Estado del 0,63% del Producto Interior Bruto al 0,52%. Esas décimas suponen 100.000 millones de pesetas menos en policía', dijo. También se refirió a la necesidad de un cambio legislativo, tanto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como del nuevo Código Penal.