Las empresas familiares europeas piden medidas que garanticen su supervivencia

Las empresas familiares necesitan políticas específicas que garanticen su pervivencia a lo largo de las generaciones. Ésta fue la principal petición que la Agrupación Europea de Empresas Familiares lanzó ayer a los ministros europeos de Empresa, reunidos en una cumbre informal celebrada durante el pasado fin de semana en la ciudad de Aranjuez (Madrid).

Las empresas familiares, que aportan entre un 40% y un 65% del producto interior bruto (PIB) europeo, alertan sobre el problema de la sucesión, que en los próximos 10 años se le planteará a una de cada tres sociedades de este tipo en la UE.

La actividad familiar en Europa, que emplea a 100 millones de personas en más de 10 millones de negocios, amenaza con resquebrajarse si no se adoptan medidas que clarifiquen el obstáculo de la sucesión. Alrededor de 1,5 millones de estas sociedades desaparecerán, según Puig, si las autoridades no adoptan medidas efectivas. Dejar el negocio en manos de sus sucesores implica pagar una buena cantidad en concepto de impuesto de sucesiones y venderla supone desprenderse de un patrimonio propio. 'La venta del negocio puede representar una pérdida sustancial de empleo y una deslocalización fuera de la UE', señaló ante los ministros europeos el presidente de la Agrupación Europea de Empresas Familiares, Mariano Puig.

El panorama español

En España, el Gobierno espera aprobar a lo largo de este año alguna medida, aún sin concretar, que facilite la labor de la empresa familiar. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, actual presidente del Ecofin, reconoció la importancia de la empresa familiar en España, cuya actividad aporta entre el 65% y el 70% del PIB.

No obstante, Rato rechazó una petición formulada hace un año por este colectivo, la creación de un estatuto especial que regule su labor. 'No es conveniente ahora mismo establecer distinciones jurídicas entre las empresas en función de sus accionistas'. Rato sí se mostró partidario de que se elabore un protocolo europeo al que las empresas puedan adherirse y cuyos compromisos sean vinculantes.

Por otra parte, el vicepresidente segundo del Gobierno aseguró que el Ejecutivo propondrá al Parlamento exigir información a las auditoras para esclarecer situaciones financieras de interés general. 'El Gobierno hará todo lo posible para garantizar la transparencia de las empresas, su responsabilidad y la del Parlamento es el interés general', aseveró.

Rato respondía así a la Asociación Española de Auditoras, que ha manifestado su intención de recurrir ante los tribunales los artículos de la Ley Financiera que obliguen a entregar documentos de trabajo a organismos supervisores en circunstancias excepcionales.