Emakunde quiere regular la prostitución para mejorar la vida de las que la ejercen

Un informe encargado por el Instituto vasco de la Mujer (Emakunde) aboga por regularizar a medio o largo plazo la prostitución como medio para mejorar las condiciones de vida de las mujeres que se dedican a esta actividad y dignificar este trabajo.

Eso sí, precisa que dicha regularización debería ser progresiva y propone como paso previo la apertura de un debate social amplio. La prostitución no es una actividad ilegal (no está tipificado como delito), pero la ausencia de una ley que regule la actividad la sitúa en una situación de alegalidad.

El estudio de Emakunde aboga por regular y legislar laboralmente este 'sector' a medio o largo plazo estableciendo las condiciones de trabajo, así como sus correspondientes cargas tanto en materia social como fiscal. 'Al margen de consideraciones de orden moral es una evidencia que la prostitución tiene una serie de características netamente económicas: implica una transacción económica; hay siempre un contrato'.

El estudio, realizado por el gabinete de estudios de opinión Kualitate Lantaldea en colaboración con T&D Consultores y la UPV, mantiene que la diferencia de la prostitución en relación con otro tipo de actividad empresarial radica en que forma parte de la economía sumergida, con lo cual los empresarios del negocio no pagan impuestos, no tienen obligaciones de ningún tipo y los trabajadores del sector carecen de derechos. Además, subraya que la alegalidad de la prostitución crea las condiciones necesarias para el funcionamiento de redes ilegales y fraudulentas, y para que las trabajadoras puedan ser objeto de abusos.

Sus autores reconocen que los empresarios del sector se mostrarán poco receptivos ante la posible intervención de la Administración y, en este sentido, asumen que intentar regular un sector con la oposición de una parte importante del mismo 'puede ser bastante complicado'. Por esta razón, plantea aplicar, al menos inicialmente, fórmulas de carácter optativo que faciliten una regularización 'gradual' de esta actividad laboral. El estudio sostiene que el apoyo de las prostitutas constituye un requisito fundamental para regular el sector y plantea la conveniencia de realizar una labor previa de información y concienciación.

Ordenar el sector

Según destaca, la regularización permitiría ordenar el sector, conocer cuántos clubes y pisos operan en cada territorio, el número de mujeres que trabajan y las condiciones de salubridad de los locales; y abriría la puerta a la realización de inspecciones de trabajo por ley sin necesidad de que se presente una denuncia. Las mujeres, por su parte, se beneficiarían de un contrato laboral con horario, derecho a vacaciones, etcétera, y les facilitaría el acceso a la sanidad pública, jubilación, cursos de formación... Al margen de la regularización a medio o largo plazo, el estudio concluye que las actuales políticas públicas dirigidas a atender las necesidades de las prostitutas han quedado obsoletas debido a la transformación de este negocio y proponen el desarrollo inmediato de una planificación conjunta a través de programas específicos para la prostitución subvencionados por la Administración.

Los autores del informe optan por la subvención en lugar de la intervención directa al constatar que este colectivo tiende a recelar de las instituciones por temor a la retirada de la custodia de hijos o la percepción de algún tipo de subsidio. Entre las iniciativas propuestas sobresalen aquellas que tienen como objetivo atender las necesidades de salud e higiene de prostitutas y clientes.

Aquí se incluyen diversas medidas como el acceso de las mujeres a controles ginecológicos gratuitos a través de la red pública y la entrega a todas ellas de la tarjeta sanitaria. La atención psicológica constituye uno de los servicios al que las prostitutas deben tener también acceso.