La Administración se pone a dieta

La Administración se ha puesto a régimen. Las transferencias a las Comunidades Autónomas han hecho mella en su oferta de empleo público para 2002, que desciende una media del 14% con respecto al año anterior, hasta quedarse en 2.448 plazas nuevas en la Administración general. Con el traspaso de competencias, el Gobierno se compromete además a paliar una de las lacras del sector público: la temporalidad.

La transferencia de la sanidad a 10 comunidades autónomas implica el traspaso de 140.000 trabajadores del Insalud

La convocatoria de empleo público de los cuerpos de la Administración general, a los que pertenece el 41,9% de los funcionarios españoles, baja de nuevo este año. Sólo se convocan más plazas que en 2001 para investigadores y personal de apoyo. En concreto, se trata de 285 puestos, lo que supone un 75% más.

A pesar de que este incremento parece espectacular, el punto de partida de la investigación es 'lamentable', según Alfonso Vázquez, presidente de la Asociación Profesional del Cuerpo Superior del Personal de Investigación del CSIC, que considera la oferta una operación de 'maquillaje'.

El decreto, del que quedan excluidos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, jueces, fiscales y el personal de las administraciones local y autonómica, constata el descenso de los puestos creados para funcionarios (un 12,5% menos que en 2001), trabajadores de empresas y entidades públicas (15,1% menos) y personal laboral (21,6%) que se aceleró con la llegada del Partido Popular al Gobierno, en 1996. Según un estudio de UGT, los descensos más pronunciados desde 1997 se han producido en el área de Seguridad Social, personal laboral de defensa y Correos y Telégrafos.

El adelgazamiento generalizado de las plantillas se debe a dos causas fundamentales. En primer lugar, el Gobierno ha impuesto desde 1997 a todas las administraciones un límite a la creación de empleo público a través de la llamada tasa de reposición. Por esta cláusula, como máximo el 25% de los funcionarios que se jubilan se pasan definitivamente al sector privado o abandonan la Administración por cualquier otra causa, pueden ser reemplazados por un nuevo trabajador. Esta situación favorece la externalización de algunos servicios y fomenta la temporalidad, dicen los sindicatos. La tasa no afecta a las funciones que el Gobierno considera prioritarias, como educación, fuerzas de seguridad, bomberos y pesonal de justicia. Este año también quedan excluidos los investigadores y personal de apoyo.

A esta situación, se añaden este año las transferencias sanitarias. Con el traspaso de esta competencia a las 10 comunidades que aún la tenían pendiente en enero, la Administración central se ha quitado de un plumazo a 140.000 trabajadores que dependían del Insalud y, cuando culmine el proceso, lo harán de las consejerías autonómicas.

El Insalud es una de las grandes bolsas de precariedad del empleo público, con 36.983 interinos. El Gobierno prevé la convocatoria de un número equivalente de plazas de funcionarios sanitarios durante los próximos 18 meses para consolidar estos puestos.

Mientras la precariedad se ha reducido en el sector privado desde 1996, en la Administración crece. La tasa de temporalidad está en el 20,3%, según un estudio de UGT sobre los datos de la Encuesta de Población Activa, lo que supone casi cuatro puntos más que en 1997. Este dato se reduce al 10% en la Administración general cuando se excluye al personal del Insalud y de Correos, reconocen fuentes del Ministerio de Administraciones Públicas.

Esta precariedad contrasta con la imagen de 'un empleo para toda la vida' del sector público. Joaquín Pérez, de CC OO asegura que en las administraciones se da 'toda la gama' de contratos, sobre todo en los ayuntamientos. Para intentar paliar la situación, el Gobierno ha comprometido 2.403 plazas para la consolidación de empleo en la Administración general. Aún quedan unos 11.000 interinos por regularizar.