Temporalidad y favor político

El Programa del PP para las elecciones autonómicas de 1995 incluía dentro de sus 100 Soluciones para empezar la eliminación de altos cargos y estructuras administrativas en un 25%.Esta reducción ha supuesto un aumento de 50 a 90 direcciones generales y de 300 a 731 jefaturas de área o servicio, sin que las transferencias de competencias asumidas en estos años justifiquen por su volumen o entidad estos incrementos.

En estos 7 años se han publicado muy pocas convocatorias de provisión de puestos de trabajo (durante los Gobiernos socialistas se publicaban todos los viernes en el DOGV) por lo que una gran parte de los jefes de área o servicio ocupan sus puestos de forma provisional, habiéndose incrementado notablemente el personal interino, que supone más del 30% del total de funcionarios en la actualidad.

La importante modificación de la Ley de Gobierno recién aprobada crea los consejeros sin cartera y los secretarios autonómicos y, por otro lado, el Consell anuncia una nueva ley de Función Pública, que prevé el acceso a puestos de directivos públicos, no necesariamente de altos cargos, de personal proveniente del sector privado. La duplicación de estructuras directivas no ha conllevado una duplicación de la eficacia y eficiencia de las políticas públicas sino que, por el contrario, en muchos casos ha conducido a un más que evidente deterioro. Las políticas públicas se evalúan por resultados y no por intenciones y éstos no han sido positivos a tenor de los informes anuales de la Sindicatura de Cuentas.

El número y cualificación profesional de los directivos públicos no es algo que pueda determinarse a priori sino que ha de establecerse en función de las políticas que se lleven a cabo, de la calidad exigida en la prestación del servicio público y de los objetivos que haya de cumplir cada órgano administrativo.

La situación actual de los directivos públicos no permite que la Administración Valenciana se comporte de forma independiente, ya que dependen del favor político y no del mérito para el mantenimiento en sus puestos de trabajo. Y el futuro no se presenta mejor, ya que la llegada de personal de la empresa privada contratado para determinados objetivos, al margen de los problemas jurídicos que plantea, diseña la única administración pública, que como tal es esencialmente permanente, dirigida por personal temporal. Las retribuciones de los directivos públicos no son competitivas con el sector privado, por lo que no se alcanza a comprender qué motivo va a impulsar a cambiar de trabajo a ejecutivos con responsabilidades importantes, ¿o tal vez sí?

Luis Felipe Martínez fue director general de Función Pública bajo Administración socialista.