Almoradí recalifica 50 hectáreas y las adjudica a dedo a un promotor

El equipo de gobierno de Almoradí (La Vega Baja), con mayoría absoluta del PP, ha aprobado una recalificación de 430.000 metros cuadrados en la zona conocida como Ensanche Norte. El terreno pertenece en su mayoría a la empresa Villas Don Quijote SA, propiedad de Joaquín Grau Pomares, pero aproximadamente un 20% del suelo se reparte entre 23 propietarios. Buena parte de éstos han lidera do una plataforma para oponerse a la operación. Técnicos municipales cuestionan la adjudicación.

También el PSPV ha sido enérgico al respecto y ha cuestionado los fundamentos jurídicos del procedimiento empleado por el PP en esta recalificación, donde se eluden cuestiones tan esenciales como la obligación de realizar un concurso público para contratar al equipo redactor del documento urbanístico. La reclasificación de 430.000 metros cuadrados aprobada por el PP, con el voto a favor de EU y los votos en contra de PSPV y Grupo Mixto, se incluye dentro del documento de homologación de las normas subsidiarias.

Los trabajos de esta homologación se remontan a 1999, cuando todos los partidos que forman la Corporación decidieron por unanimidad revisar su planeamiento urbanístico para adaptarse a Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). Sin embargo, en el año 2000 el gobierno local firmó un convenio con la empresa Villas Don Quijote SA, propiedad de Joaquín Grau Pomares, en virtud del cual el Ayuntamiento recalificaba a la mercantil una extensión de suelo no urbanizable de 330.000 metros cuadrados. A cambio, ésta le cedía 76.000 metros para una ciudad deportiva.

Los servicios técnicos municipales han advertido de la irregularidad. El procedimiento que marca la LRAU es que estas adjudicaciones deben salir a concurso público, una situación que aquí no se ha producido, explica el portavoz socialista, Antonio Morales.

La posible infracción fue alertada por el secretario del Ayuntamiento, Virgilio Estremera Saura, en un informe fechado el 3 de mayo de 2001 donde explicaba que si bien 'el convenio no prejuzga definitivamente la adjudicación de la condición de urbanizador, establece ciertos criterios fácticos que, en mi opinión, podrían condicionar la adjudicación o restringir la participación de otros interesados'.

No menos tajante se mostraba el arquitecto técnico municipal Fermín Cañizares Roca, el 7 de febrero de 2000, cuando señalaba con rotundidad que 'la inclusión dentro de ese trámite (la homologación) de la pretensión de la mercantil Villas Don Quijote supondría un lastre para los intereses municipales'.