Coves cree que la ordenación de Cabo de Gata seguirá igual pese al fallo del TC

La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, explicó ayer que la sentencia del Tribunal Constitucional, que da la razón al Gobierno sobre la regulación de la pesca en las aguas exteriores del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), apenas alterará la ordenación en el área. La colaboración entre Gobierno y Junta para armonizar la legislación pesquera y ambiental en la zona dejará sin efecto práctico la sentencia, salvo en la labor de vigilancia y sanción en esas aguas, que dependerá de la Administración central.

La Junta de Andalucía ha encajado la decisión del TC con tranquilidad, a pesar de que la sentencia da la razón al Gobierno en dos recursos que debían dilucidar las competencias sobre ordenación pesquera dentro de los límites protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. El motivo es el acuerdo alcanzado por ambas administraciones, poco después de haber presentado sendos recursos en 1994, para que la sintonía entre la legislación ambiental -autonómica- y pesquera -estatal- fuese absoluta.

'Nos hubiera preocupado que la sentencia modificase los límites', indicó Coves. La consejera señaló que la sentencia obligará a suprimir algunos artículos del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque, que fueron recurridos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), cuando estaba en manos del socialista Luis Atienza, al entender que invadía competencias estatales al regular la pesca en aguas exteriores que estaban incluidas en el perímetro protegido.

Posteriormente, el ministerio declaró seis zonas de reserva marina, que fueron objeto de otro recurso de la Junta de Andalucía al considerar que invadía las suyas. Entre la presentación de ambos recursos y el dictado de la sentencia se produjo un acuerdo entre ambas administraciones para que coincidiese el espíritu de la protección ambiental con el de la ordenación pesquera.

Por esta razón, el fallo del TC no alterará las normas que regulan la pesca en las 12.120 hectáreas marinas del parque natural. 'No tiene ningún efecto práctico', sintetizó la consejera. La única modificación concreta será la relativa a la vigilancia en las aguas exteriores para evitar infracciones y la tramitación de expedientes sancionadores, que pasará a depender del MAPA.

Recurso económico

La sentencia, además, no afecta a la totalidad de la zona marina protegida como parque natural, que abarca 12.120 hectáreas. De ellas, 7.443 hectáreas son aguas interiores (de competencia autonómica) y 4.676 hectáreas son aguas exteriores (de titularidad estatal).

La consejera de Medio Ambiente, sin embargo, también resaltó la existencia de un voto particular que compartía las tesis de la Junta de Andalucía. 'Entendemos que la pesca no es un recurso económico, sino ambiental', indicó. Coves destacó como coincidente con la postura andaluza lo esgrimido por un magistrado en un voto particular que defendía una ordenación única en todo el territorio protegido, al considerar que no puede fragmentarse. El magistrado también señalaba que la protección de un ecosistema -el parque natural- tiene que prevalecer sobre la ordenación de un recurso económico como la pesca.

Por su parte, el delegado de Medio Ambiente en Almería, Juan José Luque, abundó en la misma línea al señalar que la influencia del fallo 'será mínimo en la gestión del parque natural'. Luque destacó que la sentencia atribuye la gestión pesquera en aguas exteriores al Gobierno, pero reconoce que 'en esas mismas aguas, en lo que se refiere a la gestión de recursos naturales, excepto los pesqueros, la gestión corresponderá a la Junta de Andalucía'.

El delegado provincial resaltó que la buena colaboración entre el MAPA y la Junta de Andalucía en lo que se refiere a la gestión de los recursos de Cabo de Gata y en el control de las aguas del parque y señaló que la sentencia incluso puede resultar positiva si conlleva un incremento de los recursos para reforzar la vigilancia. 'Por eso no creo que la sentencia suponga ninguna influencia ni cambio sobre la gestión del parque natural', explicó el delegado.