Padres de discapacitados psíquicos organizan una 'cacerolada' en Sol

Unos 400 padres de disminuidos psíquicos atendidos en centros públicos organizaron ayer una cacerolada en la Puerta del Sol en protesta por las nuevas tarifas de estos servicios, acordadas hace un año entre la Comunidad y las federaciones de afectados. Estas familias no se sienten representadas por las asociaciones y han recurrido el nuevo modelo de precios, que se fijan en función de la renta familiar.

'Pedimos que retiren el acuerdo y que nos sentemos a negociar, porque con los 1.400 afectados de los centros públicos no lo han hecho', denunciaron estos padres, agrupados en una coordinadora. La mayoría de ellos (un 60%) no tenía que pagar nada por los centros de sus hijos, mientras que a partir de ahora, con las nuevas tarifas, algunos tendrán que hacerlo. El resto, que va a residencias transferidas del Imserso (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales), sí pagaba con parte de la pensión del discapacitado.

Uno de los portavoces de la coordinadora, José Manuel Llovet, calificó el nuevo sistema de precios de 'vejatorio' y 'discriminatorio' para los discapacitados y sus familias. 'No es de recibo que nos quieran aplicar un sistema de precios públicos, como el que se utiliza, por ejemplo, para pagar las piscinas municipales, por un servicio que es básico para la rehabilitación de nuestros hijos. Lo lógico en servicios imprescindibles como éstos es la gratuidad', añadió. Representantes de los padres entregaron un manifiesto a miembros del Gobierno regional. 'El señor Ruiz-Gallardón [presidente de la Comunidad] nos dijo hace dos meses que nos iba a recibir para hablar de este problema, y hasta ahora no lo ha hecho', concluyó Llovet. En la protesta, la cuarta que realizan en un año, participaron también representantes del PSOE e IU.

En Madrid viven 3.843 discapacitados psíquicos severos y profundos atendidos en residencias. Un tercio asiste a centros públicos, y el resto, a residencias privadas, que fueron creadas por asociaciones de padres ante las carencias institucionales. De los 4.082 que van a centros ocupacionales, la inmensa mayoría está en centros privados. El objetivo de la Comunidad y de las asociaciones de afectados es unificar esta compleja red, aunando también el modelo de tarifas. Pero la decisión del Gobierno regional de tener en cuenta, a la hora de cobrar, la renta familiar del discapacitado y no sólo su pensión ha levantado ampollas en el colectivo. La Federación Pro Personas con Retraso Mental (Feaps), que representa a la mayoría de los centros privados, se opuso en un principio al nuevo sistema de precios, pero, tras varias modificaciones del plan, acabó firmando, entre grandes divisiones internas, el acuerdo con la Comunidad.

Los nuevos precios se establecen en función de la renta per cápita familiar (los ingresos netos anuales divididos entre 12 meses y entre los miembros de la familia). Por una residencia se abonará el 75% de esa renta, y el 37,5% por un centro ocupacional. El discapacitado nunca pagará más de la pensión que percibe o, si no tiene pensión, más de la cantidad que sus padres deducen por él de la base imponible del IRPF. Están exentos de pago quienes tengan ingresos inferiores a 50.001 pesetas (300 euros).