Una de inteligencia

Después de la que tuvimos con la colaboración del Partido Popular y su orquesta mediática a propósito del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid) en las postrimerías del último Gobierno de Felipe González; después del encumbramiento del pretraidor Perote (reléase a Elías Canetti) a la categoría de héroe de la democracia; después de las promesas establecidas en el programa electoral del PP de marzo de 1996, fueron necesarios cinco años y medio para que llegaran el 23 de noviembre pasado al Boletín Oficial de las Cortes Generales los proyectos de ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia y de la ley orgánica reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia. Conforme a la tramitación reglamentaria, la Comisión de Defensa está convocada para el miércoles día 20 y el partido del Gobierno se aplica, a través de su grupo parlamentario, para abandonar cinco años y medio de parálisis y entregarse ese día al frenesí de una jornada de epilepsia, invocando por sorpresa la comparecencia legislativa plena de esa comisión y aprobando sin más la ley del CNI, hurtada al conocimiento del Pleno.

Buena prueba de ello es la decisión de que todas las enmiendas, las seis a la totalidad de cada uno de los dos proyectos de ley, las 124 parciales a la exposición de motivos y al articulado del primero y las otras 38 parciales al segundo, queden sustanciadas en esa misma única fecha. El grupo del PP anda sobrado de votos, pero el alcance del consenso pretendido con otros grupos es más dudoso frente a lo que se andaba pregonando. El pronóstico inicial parte de que ni Izquierda Unida, ni el PNV, ni las fuerzas incluidas en el Grupo Mixto, que piden la devolución de los proyectos al Gobierno, ni tampoco Coalición Canaria, si juzgamos por el tenor literal de sus enmiendas, respaldarán las nuevas leyes del servicio de inteligencia. Claro, que tal vez para el Gobierno sea suficiente llevar a su molino las templadas aguas del Grupo Socialista. Un objetivo sin problema alguno, vista la índole mansurrona y colaboracionista de las enmiendas presentadas por su siempre aplicado portavoz, Jordi Marsal.

Recordemos que en el programa electoral del PP de 1996 se decía, como si fuera un dato meteorológico, que los servicios de inteligencia se habían visto envueltos en los últimos años en una serie de escándalos. Luego, se consideraba imprescindible una profunda reforma por ley de nuestros servicios de información para redimensionar el Centro Superior de Información de la Defensa y ajustar sus competencias a la obtención y análisis de información relevante para la seguridad nacional en el exterior y al contraespionaje. Cuatro años y una legislatura después, todo estaba igual, pero el programa del PP para las elecciones de 2000 aparecía muy suavizado con un párrafo final a favor de la modernización de las estructuras del Cesid para que respondieran con la mayor eficacia a las necesidades y prioridades de su función informativa.

Ahora, de nuevo el parto de los montes; tras seis años de inmovilismo todo son aceleraciones. Se invocan analogías con los servicios de otros países, que en absoluto se sostienen dada la diferenciación habitual en inteligencia interior, exterior y militar sustituida entre nosotros por un servicio único; el CNI continúa bajo la dependencia de Defensa, en lugar de situarlo en la vicepresidencia primera del Gobierno; se echan en falta garantías suficientes del respeto a los derechos y libertades ciudadanos; los procedimientos de control judicial y parlamentario tienen un diseño insuficiente; prosigue la posible confusión entre los intereses del país y los intereses partidarios del Gobierno; se excluye de modo inexplicable de la Comisión Delegada del Gobierno para la Inteligencia del Estado al jefe del Estado Mayor de la Defensa, del que depende el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS); se ignora el carácter autonómico del Estado, y además, en el CNI se crean unos ficheros con datos de carácter personal sin establecer su protección conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Eso, sin hablar de los secretos oficiales, que se mantienen regulados por leyes preconstitucionales. Pero, después de tanta escandalera de otras veces, ahora no se oye nada.