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Más sobre inmigración y delincuencia

En los últimos tiempos estamos asistiendo a lo que se podría denominar un 'doble lenguaje' en la forma de analizar y solucionar los problemas que plantea el fenómeno de la inmigración por parte de nuestras autoridades administrativas. Por una parte, responsables de comunidades autónomas que más de cerca experimentan dicho fenómeno (caso, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana) parecen haber comenzado a asumir la complejidad que el mismo plantea y argumentan públicamente la necesidad de que se pongan en marcha políticas de integración. Por otra, responsables de la Administración del Estado, con una visión más parcial, insisten en presentarnos el fenómeno del flujo de ciudadanos de otros países a nuestro país como un problema meramente policial o de seguridad ciudadana.

Aunque desconocemos con exactitud las cifras (y me temo que tampoco las conocen con precisión nuestras autoridades policiales), no se puede negar que exista un porcentaje de inmigrantes que cometen delitos y, por supuesto, frente a tales comportamientos criminales todos estamos de acuerdo en que hay que poner en marcha los mecanismos policiales y judiciales necesarios para atajarlos e intentar erradicar las bolsas delincuenciales que de esta forma se generen. Pero la definición y la resolución de los problemas que la inmigración plantea no se pueden abordar como si únicamente se tratara de una cuestión de orden público o de seguridad ciudadana, sino como lo que son: problemas complejos de gestión de los flujos de población que implican la puesta en marcha de políticas transversales (por utilizar una expresión ahora tan de moda) que combinen el análisis y la solución de problemas en los ámbitos sanitario, educativo, asistencial, laboral e, incluso, en el de las relaciones exteriores con los países que exportan voluntaria o involuntariamente parte de su población. Por ello, presentar todos los problemas que la inmigración plantea como meros problemas policiales, ya sea de contención del flujo, ya de control de la delincuencia de los inmigrantes, supone una simplificación que, como tal, no da una imagen fidedigna de la realidad. Al mismo tiempo, también supone una desafortunada simplificación atribuir los incrementos en los índices de delincuencia al aumento, sin más, del flujo de inmigrantes. Y digo desafortunada porque la reiteración pública, por parte de responsables políticos, de un mensaje de tales características puede tener, a medio plazo, un efecto muy negativo sobre la forma y manera en la que el ciudadano español medio contemple a los nacionales de otros países que se han instalado en España, fomentando un rechazo que incremente su desintegración y su marginación. Con lo cual, por mucho que el mensaje fuera cien por cien veraz en su contenido, en nada contribuye a resolver el estado de cosas sino, más bien, a agravarlo. Y digo simplificación porque las bolsas de delincuencia que generan los inmigrantes están en una buena parte provocadas por la propia situación de ilegalidad a la que les aboca la legislación de extranjería (véase, en este sentido, mi artículo Inmigración y delincuencia, en EL PAÍS, edición Comunidad Valenciana, 11 de octubre de 2001). Igualmente, en nada favorece a la integración de los inmigrantes el que nuestra Administración estatal no sea capaz de gestionar más rápida y eficazmente los permisos de residencia y trabajo de los extranjeros en España, lo que hace que sean inútiles muchas de las ofertas de trabajo presentadas como requisito por los peticionarios, arrojando a los inmigrantes que se encuentran en esa situación de incierta espera, al empleo clandestino, a la prostitución o a la delincuencia. De modo que aun siendo cierto que la delincuencia aumenta por culpa de los inmigrantes, no podemos dejar de tener presente que, en la valoración de ese incremento, se debe de analizar también la incidencia que sobre el mismo tiene el propio comportamiento del Estado que puede estar actuando como un involuntario factor criminógeno para la población inmigrante, al fabricar una nueva clase de pobres y marginados (que, como tales, son actuales o potenciales delincuentes), porque les está vedando, al impedir u obstaculizar la legalización de su estancia, el acceso a los logros sociales (empleo, asistencia sanitaria, educación, familia, etc.) que, por regla general, posibilitan a los individuos llevar una vida al margen de la delincuencia. Aparte de ello, el análisis de las causas que inciden en el incremento del índice de delincuencia es, como el de cualquier otro fenómeno social de gran escala, de una gran complejidad y requiere de bastante meditación y estudio. Entre otras cosas porque hay que someter a análisis la propia metodología de la elaboración de los índices, especialmente, en un país como el nuestro en el que la estadística criminal no goza de buena reputación, porque tradicionalmente no se ha hecho con rigor ni sobre bases o criterios científicos. De modo que para darle credibilidad a esos datos sobre delincuencia habría que empezar por saber quién los elabora y cómo se elaboran; es decir, a qué fuentes se recurre, quién recopila los datos y cómo se recopilan, quién los procesa y cómo se procesan, quién los contrasta y cómo se contrastan, etc. Posteriormente, es necesario tomar en consideración otros factores que también son determinantes para elaborar el mapa delincuencial de una zona geográfica y que tienen que ver, por ejemplo, con las cifras de eficacia policial y judicial, con el comportamiento de las víctimas en relación a la denuncia, etc. En resumen, la cuestión es de una gran complejidad y, precisamente por ello, habría que ser muy cautelosos a la hora de lanzar mensajes a la opinión pública cuyo efecto sobre la población o sobre sectores de la población es incontrolable y puede terminar por provocar más conflictos que beneficios.

Bernardo del Rosal Blasco es Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 17 de febrero de 2002.

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