El SAS ha realizado 22 operaciones de cambio de sexo en dos años
170 pacientes están en tratamiento
Se cumplen dos años de la primera operación de cambio de sexo en la sanidad pública andaluza, la única de toda España que da cobertura psicológica, hormonal y quirúrgica a los trastornos de identidad de género. En este tiempo, se han hecho 22 intervenciones de reasignación de sexo y otros 170 pacientes están en tratamiento. Pero hay otro balance que no se mide en cifras: cada vez las personas atendidas son más jóvenes y es mayor el apoyo familiar, lo que refleja una mejor aceptación social y repercute en resultados más positivos.
A la luz de la experiencia del SAS, una comisión de expertos del Ministerio de Sanidad ha aconsejado la ampliación de la prestación a todo el sistema sanitario público. Falta ahora el visto bueno del Consejo Interterritorial de Salud.
De las 22 operaciones, 20 han sido de hombre a mujer y dos de mujer a hombre. La brecha obedece a que los pacientes del primer grupo son mayoría (70%); a que las intervenciones masculinizantes, de momento, tienen resultados menos satisfactorios y a que el tratamiento previo a la entrada en quirófano es más prolongado en los últimos casos. Hay además, entre los transexuales de mujer a hombre, otros 12 pacientes a los que ya se les han quitado las mamas y están pendientes de una segunda operación para extirpación de útero, ovarios y reconstrucción del pene.
La Unidad de Trastornos de Identidad de Género (UTIG) del hospital del Carlos Haya -pionera en España porque aborda el transexualismo desde una perspectiva integral- recibe de dos a tres nuevos casos por semana. Un 23%, de fuera de la comunidad autónoma. Para el equipo, este dato plantea la necesidad de que la prestación se amplíe al resto del sistema público. Los expertos del Ministerio de Sanidad ya se han pronunciado en ese sentido al aprobar a finales del año pasado un informe en el que recomiendan que la cobertura se extienda a otras comunidades. En la actualidad, la sanidad española sólo atiende los casos de intersexualidad, es decir aquéllos en los que existe una malformación física que provoca que el paciente no tenga un sexo definido. La cobertura del SAS va más allá porque se orienta a personas que sienten que tienen 'el sexo equivocado' y que ven su cuerpo 'como una cárcel'.
En los dos años y medio que lleva trabajando, la unidad malagueña ha atendido a 240 pacientes. Cerca del 14% ha sido apartado del programa porque no era transexual y otro tanto ha abandonado. Los 170 restantes siguen en tratamiento, aunque no todos llegarán al quirófano. Se estima que más de la mitad se someterá a una intervención. Algunos deberán esperar porque están en fases muy precoces del tratamiento psicológico y hormonal, o porque son menores y deben llegar a la mayoría de edad para operarse. También están los que prefieren aguardar a que las técnicas de genitoplastia masculinizante (de mujer a hombre) se perfeccionen para obtener mejores resultados.
Entre los 170 pacientes en tratamiento, hay una decena de menores. Además, los transexuales que acuden a la UTIG cada vez son más jóvenes. Aunque hay pacientes de entre 14 y 63 años, la edad media es de 29. Un cambio que el equipo considera positivo porque una detección precoz se traduce en mejores resultados.
El análisis de los 100 primeros casos atendidos permitió comprobar a la psicóloga de la UTIG, Trinidad Bergero, que el sentimiento de pertenencia a otro sexo aparece entre los seis y los ocho años, aunque los pacientes no adoptan el rol del sexo opuesto fuera del hogar hasta que no rondan los 18 años.
También constató que el 56% había sido agredido o maltratado -verbal o físicamente- por desconocidos e incluso por sus padres. 'Existe la creencia errónea de que el transexualismo es una elección personal, un acto de desafío o una perversión. Los padres reaccionan de forma culpabilizadora y con conductas de maltrato', apunta Bergero.
Pero la UTIG del Carlos Haya sostiene que eso también está cambiando. Cada vez el apoyo familiar es mayor. Generalmente, antes este trastorno era motivo de conflicto y la persona abandonaba el hogar. Ahora, los padres tratan de entender y de apoyar la decisión de sus hijos.
Isabel Esteva, endocrinóloga del equipo, aclara que el tiempo de estudio previo al tratamiento hormonal ronda en general los seis meses, pero que con los menores se prolonga hasta el año y medio y siempre se busca la implicación de la familia 'porque la adolescencia es tiempo de cambios, no sólo en lo sexual'.
El cirujano plástico de la UTIG, Francisco Giraldo, incide en ese aspecto: 'Una detección precoz y un apoyo familiar sólido se traduce en buenos resultados, siempre y cuando la cirugía acompañe'. Y ha acompañado. De momento, apenas si ha habido complicaciones.
El éxito de la prestación ha convertido a la unidad en punto de referencia para otros centros de España y ha hecho que la Sociedad de Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana dedique un monográfico de su revista a la experiencia malagueña.
Ampliación del servicio
Aunque en un principio se calculó que habría en total unos 300 candidatos al cambio de sexo, finalmente la demanda se ha desbordado porque esas estimaciones se referían a Andalucía y la unidad atiende a pacientes de toda España. Por eso, el equipo insiste en la necesidad de que la prestación se amplíe a todo el sistema público.
Algunos datos arrojan luz sobre el nivel de sufrimiento que provocan los trastornos de identidad de género. De los pacientes que llegan a la unidad, el 31% admite haber tratado de lesionarse o mutilarse porque no aceptaba su cuerpo; el 70% pensó alguna vez en suicidarse y casi el 80% ha recibido tratamiento psicológico o psiquiátrico.
Según Esteva, aunque estas personas no puedan operarse ni modificar su sexo en el registro civil hasta bien entrada su edad adulta, ya desde jóvenes cambian su nombre y su aspecto externo 'lo que supone no un año ni dos, sino a veces media vida de sufrimiento a sus espaldas'.
Lentitud judicial
La ciencia va por delante de la justicia. Cambiar el sexo físico resulta hoy por hoy más fácil que modificar el sexo jurídico. Para los especialistas, la lentitud judicial a la hora de conceder un cambio registral de sexo y de nombre deja a los pacientes expuestos a una contradicción que a veces se prolonga años. Es más, consideran que perjudica la terapia psicológica que antecede a la operación. Incluso después, tener una mente y un cuerpo de un sexo y un carné de otro no ayuda a la adaptación. Por eso, los expertos creen que el proceso judicial debería ir en paralelo al tratamiento hormonal y psicológico. Pero raro es el juez que acepta una petición, aunque esté avalada por un informe médico, si no se ha realizado la intervención de reasignación de sexo. Una vez practicada la operación sí se admite, pero el proceso judicial tarda al menos un año. Pese a la lentitud, los jueces siempre resuelven en sentido positivo. Aunque el fenómeno de la transexualidad no está regulado en España, la cirugía de cambio de sexo está despenalizada desde 1983. Antes de esa fecha era considerada un delito de lesiones. En 1987, el Tribunal Supremo se pronunció por primera vez sobre esta cuestión y concedió a un transexual el derecho a modificar su nombre, pero le negó la equiparación total con su nuevo sexo bloqueando así, por ejemplo, su posibilidad de contraer matrimonio. Aquella sentencia fue muy cuestionada porque tachó al demandante de 'ficción de hembra', aunque reconoció que 'el Derecho también extiende su protección a las ficciones'. Los fallos posteriores confirman el criterio del Supremo de permitir el cambio jurídico de sexo y nombre, así como su negativa a reconocerles el derecho al matrimonio. En enero del año pasado, una resolución de la Dirección General de los Registros introdujo un cambio en esa línea, al confirmar el auto de un juzgado de Melilla que autorizó el casamiento entre un varón y un transexual. Aquel documento era tajante: 'El cambio tiene que ser a todos los efectos porque si no, sería dejar las cosas a medio camino' y reconocer la existencia de un tercer sexo privado del derecho al matrimonio. En Francia y Reino Unido no hay regulación sobre la transexualidad. En Alemania existe desde 1980 y en Italia desde 1982. La magistrada encargada del Registro Civil de Málaga, María Dolores Moreno-Torres, cree que es necesaria una ley específica que evite pronunciamientos judiciales 'ambiguos o reticentes a admitir la plenitud de consecuencias jurídicas del cambio de sexo, conjurando de esa manera el peligro señalado de creación, de facto, de un tertium genus [tercer sexo]'.
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