El Supremo falla que se compense al PNV por la incautación de un 'batzoki'
El Gobierno de José María Aznar ha vuelto a recibir un varapalo judicial por su política restrictiva en la aplicación de la ley de restitución o compensación del patrimonio incautado a los partidos en la guerra civil. El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por el PNV contra una decisión del Consejo de Ministros de 2 junio de 2000 que desestimaba compensar a ese partido con 164,3 millones de pesetas (casi un millón de euros) por la incautación en su día del batzoki de Plentzia.
El alto tribunal cree que la parte recurrente ha conseguido probar la 'vinculación' fiduciaria e instrumental existente entre la sociedad anónima Iragile Gaminiztarak y el PNV. La resolución de la Sección Tercera del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Segundo Menéndez, considera probado que bajo la dictadura de Primo de Rivera, en septiembre de 1923 - cuando el dictador cerró centros nacionalistas, encarceló a sus dirigentes y promulgó 'medidas y sanciones contra el separatismo'- el PNV creó dicha sociedad anónima para 'preservar el patrimonio frente a la acción gubernamental'.
Dicha sociedad se creó en marzo de 1923. El gobernador militar vizcaíno ordenó en noviembre de ese año el cierre del batzoki de Plentzia. Finalmente, el 20 de septiembre de 1938, en plena guerra civil, el Estado se incautó del local.
El tribunal toma en consideración las declaraciones realizadas por algunos de los miembros del Consejo de Administración de dicha sociedad en las que se certificaba que 'era una fiduciaria del PNV constituida única y exclusivamente para la construcción' del batzoki a partir de 1924.
Instituto Cervantes
Sin embargo, la resolución limita el montante compensatorio a la cantidad fijada por la Hacienda vizcaína, que rebajó la tasación del PNV hasta 150 millones de pesetas (901.630 euros)
El bufete de abogados encargado por el PNV de los asuntos de restitución del patrimonio, mantiene abierta la reclamación del edificio de París que albergó la sede del Gobierno vasco en el exilio y que ahora acoge el Instituto Cervantes. El PP también denegó esta restitución, tras lo que el PNV interpuso en abril de 2001 una querella criminal contra el subdirector general de Patrimonio.
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