El Parlament acuerda intervenir por vía de nombramiento si la Sindicatura no resuelve su crisis

Convergència i Unió ha tardado 365 días, 12 plenos y más de 40 votaciones para convencerse de que la salida a la anquilosada crisis de la Sindicatura de Cuentas, sin una persona que la presida desde que hace un año dimitió el síndico mayor, Ferran Termes, pasa por un pacto entre todas las fuerzas políticas. Ayer los grupos parlamentarios tomaron cartas en el asunto y presentaron un ultimátum a los siete síndicos. Si de la próxima votación no sale elegido un síndico mayor, será el propio Parlament el que lo designe. Tan sólo Esquerra Republicana se mostró remisa a esta solución.

Los siete síndicos -propuestos por los partidos políticos- se han mostrado incapaces durante un año para elegir a su jefe de filas. Ninguno de los aspirantes a síndico mayor -Montserrat de Vehí, Xavier Vela y Marià Nicolàs- ha obtenido, a lo largo de 40 votaciones, la mayoría absoluta necesaria que decreta la actual legislación, por lo que Vela, el más proconvergente de todos ellos, desempeña por el momento la dirección en funciones de este organismo, encargado de fiscalizar las cuentas públicas de la Generalitat.

La situación se ha agravado hasta tal punto que ayer el diputado de CiU Jaume Camps no tuvo más remedio que calificar de 'espectáculo lamentable' la actuación de los síndicos y reclamar una solución 'a corte de bisturí' por parte de la Cámara catalana. Camps, no obstante, no se libró de las críticas de la oposición, que le recordó sus reiteradas negativas a la intervención del Parlament en este asunto.

Antes de que la crisis acabara por salpicar al propio Gobierno de Jordi Pujol, incapaz de poner firmes a sus díscolos síndicos, la federación nacionalista se apresuró a alcanzar un pacto con el resto de los grupos de la Cámara. CiU, el PP e Iniciativa per Catalunya acordaron plantear un ultimátum a los miembros de la Sindicatura: si de la próxima votación, prevista para el martes, no sale un síndico mayor, será el Parlament el que se encargue de elegirlo.

Pero la propuesta, apoyada por todos los grupos a excepción de Esquerra Republicana (ERC), que optó por abstenerse, no pasa de ser una simple 'toma en consideración', por lo que ayer algunos parlamentarios expresaron su escepticismo sobre la viabilidad de la iniciativa.

Además del ultimátum, se creará una ponencia parlamentaria para modificar la actual ley de la Sindicatura de manera que su articulado prevea circunstancias de parálisis como la actual. Fue el Partit dels Socialistes el que presentó una proposición de ley para que la elección del síndico mayor sea, en primera votación, por mayoría absoluta. De no alcanzarse un acuerdo, sería por mayoría simple, y si esta opción fracasara, se elegiría al síndico de mayor edad o experiencia en el cargo.

Genocidio cultural

La votación sobre la Sindicatura no fue la única en que ERC mantuvo su singularidad. Todos los grupos consideraron 'desproporcionada' una propuesta en la que se reclamaba la reforma del Código Penal para tipificar como delito el genocidio cultural. La moción se refería, entre otros aspectos, a la 'negación' de acontecimientos históricos como la persecución de la lengua catalana.

En el pleno de ayer, CiU y el PP volvieron a sumar sus votos con objeto de rechazar una proposición de las izquierdas para modificar la composición de la Comisión Asesora sobre la Publicidad Institucional con el fin de impedir que la mayoría de sus miembros sean designados a propuesta del Gobierno catalán. CiU y el PP aprobaron ampliar las competencias de la comisión sobre control de la publicidad.