Posada rectifica y propone que Barcelona y Madrid tengan una ley especial

Jesús Posada, ministro de Administraciones Públicas, inició ayer la retirada en el rechazo expresado la semana pasada a la Carta Municipal de Barcelona. En los pasillos del Congreso, Posada afirmó que estaba a favor de que la ciudad reciba todas las competencias previstas en el texto aprobado por unanimidad en el Ayuntamiento de Barcelona y en el Parlament, aunque sugirió que en vez de aprobar el texto propuesto por Barcelona quizá sería mejor una Ley de Grandes Ciudades que afectara únicamente a las que tienen más de un millón de habitantes, es decir, Barcelona y Madrid.

Posada había afirmado la pasada semana que la propuesta de una ley sólo para Barcelona sería de dudosa constitucionalidad, aunque no lo sería una ley de capitalidad para Madrid. Y defendió la posibilidad de emitir una ley de grandes ciudades en la que además de Barcelona se incluirían Sevilla, Valencia, Zaragoza y Bilbao. Al cabo de 24 horas, el portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, insistió en el criterio del Gobierno de que una ley especial para Barcelona sería inconstitucional. Mientras en Cataluña se sucedían las reacciones de todas las fuerzas políticas, incluido el PP catalán, en favor de la Carta Municipal, se conoció que el propio Gobierno disponía de informes favorables a la Carta Municipal solicitada por Barcelona (ver EL PAÍS del día 4), lo que ponía de manifiesto el cambio de política por parte d el Gobierno del PP en esta cuestión. Un giro que ahora parece rectificar.

Hoy mismo, Posada recibirá a una delegación de los partidos catalanes para hablar de la Carta Municipal de Barcelona. Para quitar hierro al asunto, ayer rectificó a medias y aceptó que habría que traspasar al Ayuntamiento los poderes previstos en la Carta (seguridad, justicia, fiscalidad). Casi a la misma hora en que Posada recitificaba su postura de la pasada semana, los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona acordaban negociar un texto conjunto sobre la Carta Municipal para que sea aprobado en el pleno a celebrar el viernes.

La decisión fue tomada en una reunión con el alcalde de Barcelona, Joan Clos, a la que asistieron los presidentes de los grupos que forman parte del Gobierno de la ciudad y también los de la oposición.

Todos aceptaron exponer el acuerdo que hay en torno a esta cuestión (la Carta fue aprobada por unanimidad en el Ayuntamiento y en el Parlament) por encima del debate, en defensa de un documento que Clos definió como 'un texto de constitucionalidad de la ciudad'.

El presidente del grupo del PP, Santiago Fisas, puntualizó que su partido cree 'en los contenidos de la Carta Municipal porque son necesarios para Barcelona'. 'No tengo ningún inconveniente en pedir lo que creemos que es bueno para Barcelona', añadió. Fisas señaló que falta ver el texto que redactará el concejal de Presidencia, Ernest Maragall, pero que, en su opinión, el debate debe hacerse 'sin voluntad de desgaste' del Gobierno central. El presidente del grupo municipal de CiU, Joan Puigdollers, reclamó que se apruebe el texto de la Carta Municipal 'en su literalidad', como se hizo en el Parlament.

Para Imma Mayol, presidenta del grupo de IC-V, sería fácil que cada formación expresara su opinión pero supondría perder 'una buena oportunidad', por lo que abogó por 'la responsabilidad' y la fuerza que dará la unanimidad en las negociaciones con el Gobierno del Estado.

En su opinión, se haría 'un flaco favor' a la ciudad al perder la unanimidad en torno a la Carta Municipal y a las ventajas que tiene para la convivencia y los intereses de Barcelona.

Posada, por su parte, subrayó que en la Carta Municipal, 'que ha sido alabada por el propio Ministerio de Administraciones Públicas', hay unas peticiones de competencias a la Administración General del Estado que calificó como 'razonables' y que habrá que negociar.

'Estoy dispuesto a empujar para que esas competencias puedan ir al Ayuntamiento de Barcelona', dijo, pero matizó que 'hacer un proyecto de ley para una capital determinada es de dudosa constitucionalidad'. En la misma línea, insistió en que el Tribunal Constitucional ha establecido que se pueden hacer diferencias en la legislación sobre ayuntamientos pero siempre que se distingan por criterios objetivos.

Uno de los hipotéticos criterios objetivos podría consistir, añadió, en dictar una ley específica para ciudades de más de un millón de habitantes, en la que estarían incluidas sólo Madrid y Barcelona. El ministro opinó que la discrepancia con los grupos políticos del Ayuntamiento de Barcelona es, pues, 'de forma y no de fondo porque su aspiración es lógica'.