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LA CRÓNICA
Columna
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Un ejercicio de irresponsabilidad

Un muy cualificado dirigente del PP nos resumía así la situación: 'Es verdad que el capítulo de la seguridad ciudadana en la Comunidad Valenciana se nos ha ido un poco de las manos, pero no hay motivo para tanto ruido mediático e interesado como se está orquestando'. Una respuesta previsible y políticamente correcta, con alguna matización. Se les ha ido muy mucho de las manos y así se constata en las informaciones, datos y comentarios que divulga estos días la prensa más y menos obsecuente con el Gobierno autonómico. Podrá variar el énfasis de la opinión, pero los hechos y las cifras publicadas están acreditadas por fuentes de toda solvencia. Y son tan alarmantes que nos inducen a pensar que los vecinos somos víctimas ineluctables con pase de pernocta.

Como se ha escrito -y nadie desmentido- el País Valenciano ha liderado este año pasado en España el aumento de la delincuencia, en un porcentaje próximo al 50%. En algunos municipios y comarcas, como Gandía, el incremento se situó en el 87% y otros, como Torrevieja y La Vega Baja, han nutrido generosamente las páginas de sucesos. Los delitos de sangre en Castellón ya han hecho historia y camino de ello llevan los incendios de vehículos en Valencia, que alguien ha calificado como un fenómeno de 'moda', lo que no parece muy reconfortante. La trata de blancas, la extorsión de inmigrantes, los ajustes de cuentas, la droga, el robo de cítricos y la creciente violencia de la criminalidad en general son ya parte de un panorama del que se desprende que podemos ser afortunados si solo nos han guindado el coche o hemos sufrido un tirón.

Y este acoso de la inseguridad no ha surgido súbitamente, a modo aluvial. Se ha ido gestando e hinchando a ojos vista, mientras que planes y fórmulas, como Policía 2000 o Policía de Proximidad, de nuestro inefable paisano y director general de la cosa, Juan Cotino, se revelaban inoperantes o fracasadas. En ocasiones, eso sí, cuando se acentuaba la protesta vecinal o gremial -como está acon-teciendo- la Administración corta una cabeza, cual ha sido el caso, o eso se nos antoja, del comisario jefe Segundo Martínez. Pero eso es un mero cambio de cromos, pues no conlleva un nuevo modelo policial ni más recursos humanos y materiales para pechar con el desafío.

Eso es, precisamente, entre otras reivindicaciones, lo que han exigido los sindicatos policiales que se encerraron el miércoles pasado aquí en Valencia. Aumento de plantillas y equiparación salarial entre los distintos cuerpos, pues resulta vergonzoso que la Comunidad, líder en tantas cosas como se proclama, padezca la más baja proporción en todo el Estado entre policías y habitantes: 0,7% cuando se aconsejan dos o tres por millar. Y en punto a retribuciones, ¿qué estímulo pueden tener los agentes discriminados hasta con 60.000 pesetas mensuales, sin contar otros recortes no menos arbitrarios de sus nóminas? ¿Qué aptitudes científicas y profesionales podemos esperar de un policía que cobra unas 200.000 pesetas y se siente desvalido a fuerza de carencias de todo género? De esa ínsula virgen para la democracia que todavía es la Guardia Civil, ni hablemos.

Y todo esto ocurre en un país, el nuestro, que tiene el turismo como motor principal de su economía. A ver qué embelecos y eslóganes se airean para persuadir al visitante. A lo peor valdría el que sugiere el senador socialista Segundo Bru -el domingo pasado en estas páginas- cuando aconseja al viajero (o futuro residente en estos lares) que se haga acompañar por un guardaespaldas. Riesgos no han de faltarles. Pero, bromas aparte, estamos glosando lo que a todas luces ha sido y es un ejercicio político de irresponsabilidad a cargo del Gobierno de la autonomía, acaso la mayor de sus brechas, tanto más hiriente y ostentosa a la luz del endeudamiento de las finanzas públicas y la pirotecnia retórica que a menudo derrocha.

Verdad es que la oposición se ha sumado al cabreo general del vecindario y el mismo PSPV ha pedido una comisión parlamentaria para analizar el problema en las Cortes valencianas. ¡A buenas horas, cuando ni las academias producen bastantes policías, los que hay se avejentan y no se tiene dinero para pagarles más y mejores nóminas! Lo único seguro aquí y por ahora es la inseguridad ciudadana.

VIVIENDAS PROTEGIDAS

Los promotores de viviendas no son, ni se les pide, modelos de munificencia. Basta con que no abusen. En este sentido, ha de admitirse que este gremio valenciano se ha comportado comedidamente durante estos años pasados. Ahora se apuntan tendencias alcistas y se denuncia la falta de viviendas de protección oficial. El mercado manda, pero no solo. La Administración está contribuyendo a ello. El aumento desmedido del impuesto de actos jurídicos aumenta extraordinariamente el precio final. Y la falta de suelo para VPO impide su construcción. En este apartado quien especula es el Gobierno, que subasta las superficies disponibles. Lo social no es lo suyo.

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