Orden de expulsión

Me llamo Nicolás Sguiglia. Soy argentino de nacimiento, pero tengo la doble nacionalidad italiana. Y si no se detiene una resolución administrativa, el próximo sábado seré expulsado de este país. ¿Mi delito? Defender pacíficamente mediante la desobediencia civil la libre circulación de personas y la dignidad de todos los inmigrantes.

El martes 29 de enero llevábamos ya 6 días acampados frente al Centro de Internamiento de Inmigrantes de Málaga, con la intención de impedir la deportación de 6 inmigrantes magrebíes que habían protagonizado la semana anterior sonadas protestas en Almería pidiendo su regularización para poder vivir dignamente en España. Aquella mañana la policía se dispuso a llevar a cabo el traslado de los inmigrantes al aeropuerto para su deportación. Nos sentamos formando una cadena humana ante las furgonetas policiales para mostrar nuestro rechazo a las expulsiones. La policía comenzó a levantarnos del suelo a golpes, pero se recataron cuando se dieron cuenta de la presencia de las cámaras de Tele 5, Canal Sur y otras cadenas locales. Cuando nos disponíamos a marcharnos, después de que al menos se hiciera visible algo que normalmente se oculta como es la deportación de inmigrantes, me detuvieron junto a otro compañero y nos metieron en el centro de internamiento. Allí me arrojaron al suelo y, ya sin cámaras de por medio, empezaron a golpearme con dureza. Todo esto puede ser corroborado por una abogada que se encontraba en el centro de internamiento y que ha presentado denuncia por lo que vio.

Sin embargo, mi intención no es ahondar en los detalles de mi detención, sino exponer públicamente mi situación actual. La Subdelegación del Gobierno de Málaga me ha notificado la apertura de un expediente administrativo de expulsión con carácter preferente contra mi persona por una supuesta alteración del orden público (sin embargo, curiosamente, mi expulsión no depende de que se pruebe esa supuesta alteración del orden público). El sábado 9 es el día límite para resolver mi situación. Si el expediente no se archiva, seré expulsado de este país y no podré volver en un periodo menor de tres años.

Llevo en España cinco años. Aquí tengo mi trabajo, mis proyectos, mi compañera, mis amigos. Pero si me expulsan, no sólo quebrarán una vida, sino que Europa será un territorio menos abierto, menos constituyente y algo más parecido a un bloque que se cierra violentamente sobre sí mismo atajando a sus disidentes.