Dar nombres de los ex altos cargos recolocados vulnera la intimidad, según De Gispert

¿Es un asunto privado que 49 ex altos cargos hayan sido recolocados por el Gobierno catalán en diversos puestos de la Administración? La consejera de Gobernación, Núria de Gispert, sostiene que sí y mantiene una cerrada negativa a dar a conocer los nombres y los puestos de trabajo en los que estos ex altos cargos políticos han varado después del cese. Alega que darlos a conocer vulneraría el derecho de estos empleados públicos a la intimidad, protegida por la Constitución y la legislación que la desarrolla.

El diputado Àlex Masllorens, del PSC-Ciutadans pel Canvi, cree que no, que se trata de un asunto de interés político que nada tiene que ver con la intimidad y el honor protegidos por la ley, y libra una batalla contra el rechazo de la consejera. No es el único. También el diputado Joan Ridao, de Esquerra Republicana, ha pedido esta información.

Ante la negativa de la consejera a la pregunta de Masllorens, el diputado solicitó el amparo del presidente del Parlament, Joan Rigol, para que la obligara a aportar los nombres y los puestos en que han sido recolocados estos ex altos cargos. No le ha servido de mucho. Rigol traspasó a De Gispert la petición de amparo. La respuesta fue la reafirmación de la negativa, acompañada esta vez de un informe jurídico que la justifica.

El informe sostiene que los datos requeridos forman parte del Registro de Personal de la Generalitat, cuyo contenido está sujeto a una 'reserva total', dice, por el reglamento que lo regula y la legislación sobre función pública. Esta reserva se basa en la Ley Orgánica de Protección de Datos, que a su vez se apoya en la Directiva 95 / 46 de la Unión Europea y el artículo 18.4 de la Constitución. Este artículo reza así: 'La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos'.

La conclusión del informe es que el Gobierno catalán tiene el deber de velar para que los datos de carácter personal que administra 'no puedan ser utilizados en ningún caso en detrimento del derecho a la intimidad, la privacidad o la dignidad de su personal'.

Masllorens afirma que esta argumentación persigue ocultar la conversión de empleos públicos en 'prebendas o recompensas a la adhesión política' por CiU. Y argumenta que no solicita datos privados, sino 'información que el ciudadano tiene derecho a conocer' en la medida en que se trata de la recolocación de ex altos cargos en puestos de la Administración.