Rubí impulsa un frente para obligar a Fecsa a soterrar las líneas eléctricas

Rubí (Vallès Occidental) ha invitado a todos los ayuntamientos de Cataluña, entidades ecologistas y empresarios a sumarse a la Declaración de Rubí, un documento que reivindica la modernización y actualización de la red eléctrica. La declaración reclama el soterramiento de los tendidos eléctricos y que las compañías eléctricas paguen a los ayuntamientos un porcentaje de su facturación en concepto de ocupación del suelo público. La declaración ha sido impulsada por la alcaldesa de esta localidad, Núria Buenaventura.

La mejora de la red eléctrica es ya una reivindicación histórica. Fue en Rubí donde el pasado 14 de diciembre, durante las nevadas, cayó el cable de alta tensión que dejó sin luz a media Barcelona. En aquel momento, el consistorio, como muchos otros ayuntamientos y consumidores, se planteó hasta qué punto Fecsa-Enher llevaba a cabo un adecuado mantenimiento de la red eléctrica. La conclusión de este municipio, por cuyo cielo pasan 30 líneas eléctricas, es una declaración que insta a soterrar o desviar las líneas eléctricas, cambiar la legislación, mejorar la calidad de la red eléctrica y estudiar las energías alternativas.

Para conseguir que todo este conjunto de reivindicaciones tenga alguna respuesta, el Ayuntamiento de Rubí ha decidido aplicar el dicho de que la unión hace la fuerza. Para ello, ha convocado a instituciones públicas y entidades a una reunión el próximo día 20 para empezar a trabajar y crear varios grupos de trabajo que lidiarán con el Gobierno catalán y Fecsa-Enher a fin de conseguir los objetivos que propone la Declaración de Rubí.

Entre otras cosas, este documento reclama que en 10 años se soterren y se desvíen las líneas eléctricas. En este punto, afirman quienes forman la Declaración de Rubí, el 'déficit es terrible': tan sólo 90 kilómetros de la línea eléctrica están soterrados, una cifra que contrasta con la comunidad autónoma de Madrid, que dispone de 1.326 kilómetros de líneas soterradas. Otra queja del Ayuntamiento de Rubí son las consecuencias de la liberalización del sector eléctrico: una drástica reducción de los ingresos municipales.

En la Declaración de Rubí se reivindica que antes de tres meses los ayuntamientos catalanes puedan ingresar en las arcas municipales el 1,5% de la facturación total de las compañías eléctricas, en concepto de ocupación de suelo público. También se demanda que exista un mejor control, precisamente, de la facturación que declaran las compañías eléctricas, así como que el Gobierno catalán defina un plan de actuación de promoción y adopción de las energías renovables, según la normativa actual de la Unión Europea.