Clos considera una ofensa que el Gobierno del PP rechace la Carta Municipal de Barcelona

Barcelona no tendrá una ley específica, la Carta Municipal, y en su lugar se proyectará una norma general para grandes ciudades. El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, dejó claro ayer, en respuesta a una interpelación de un senador de la Entesa de Progrés, que no tramitará al Congreso la parte de la Carta Municipal pendiente de aprobación porque, en su opinión, podría ser inconstitucional. El alcalde de Barcelona, Joan Clos, calificó las afirmaciones de Posada de 'inadmisibles' e instó al conjunto de los partidos a presentar iniciativas ante el Congreso y el Senado.

Una ley que regule las peculiaridades sólo de Barcelona sería de dudosa constitucionalidad y, por tanto, el Gobierno del PP no la aprobará. Es la opinión del ministro Jesús Posada, que ayer dejó claro que la salida es crear una ley de grandes ciudades, aunque no precisó si, al final, el modelo será una ley de capitalidad para Madrid y otra, la de grandes ciudades, para el resto. El café para todos.

Posada respondía al senador de la Entesa Catalana de Progrés Carles Josep Bonet, que presentó una interpelación para conocer la política del Gobierno en relación con la Carta Municipal de Barcelona. La interpelación se había presentado, además, por la sospecha de que la demora en la tramitación respondía en realidad al ánimo de no aprobarla.

La Carta Municipal de Barcelona fue aprobada por el Ayuntamiento el 16 de julio 1997 por unanimidad de todas las fuerzas políticas. El mismo consenso se repitió en la aprobación del texto por parte del Parlament, el 23 de diciembre de 1998. Todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Popular, defendieron que Barcelona requería una ley específica. Esa ley preveía, entre otros puntos, particularidades para la financiación, en la justicia local y en materia de seguridad.

Precisamente, lo que se empezó a negociar hace algo más de dos años con el Gobierno fue la aprobación de cerca de una cincuentena de artículos que hacían referencia a cuestiones generales, por lo que la tramitación correspondía al Congreso. Hasta la intervención de Posada ayer, la posición de la Administración central era difusa y las comisiones de negociación mixtas creadas entre el Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento no avanzaban.

Pero la respuesta del ministro a la interpelación en el Senado cayó ayer como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento de Barcelona. 'Es una ofensa a Barcelona y a Cataluña', replicó Clos, 'plantear que Madrid, por ser capital, puede tener una ley de capitalidad y, a la vez, decir que una ley sólo para Barcelona podría ser de dudosa constitucionalidad'.

Clos hizo un llamamiento al resto de las fuerzas políticas catalanas, incluyendo al PP, para defender lo que en su día fue aprobado 'por unanimidad' y anunció que promoverá iniciativas ante el Congreso y el Senado encaminadas a lograr la aprobación de la Carta.

El rechazo del Gobierno del PP a tramitar la Carta de Barcelona fue entendida por el grupo municipal convergente como una 'discriminación' a la ciudad de Barcelona.

En un comunicado, CiU manifestó ayer su 'más absoluta perplejidad' por el anuncio de que la Carta Municipal de Barcelona no será aprobada como tal. La federación nacionalista señaló que los artículos de la Carta que estaban pendientes de aprobación por las Cortes 'hacen referencia a temas muy importantes y de mucha actualidad para la ciudad de Barcelona, como la seguridad, la justicia y la financiación'.

Santiago Fisas, presidente del grupo municipal del Partido Popular, opina el criterio mantenido ayer por Posada no es incorrecto porque considera que se daba por aprobado 'algo que no se había negociado'. Fisas cree, además, que el modelo de la ley de grandes ciudades es más acertado 'porque son problemas, como la seguridad, que afectan a más ciudades'.

El presidente del PP de Barcelona aprovechó, de paso, para criticar al Ayuntamiento por no aplicar la parte catalana -ya aprobada por el consistorio y el Parlament- y, en cambio, reclamar la que depende del Gobierno central.