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POLÉMICA SOBRE EL TRANSFUGUISMO MUNICIPAL

Las direcciones regionales de cada partido decidirán si sus concejales incurren en transfuguismo

Luis Barbero

Sólo cuatro día después de su anterior cita, la mesa andaluza contra el transfuguismo se reunió otra vez ayer para analizar una nueva moción de censura, en este caso en el municipio sevillano de La Algaba, que fue calificada negativamente por PSOE, Partido Andalucista e Izquierda Unida, mientras que el PP eludió pronunciarse sobre su opinión tanto dentro como fuera de la reunión. El único acuerdo al que llegaron las cuatro formaciones fue que las direcciones regionales de cada partido fuesen las que decidiesen si alguno de sus concejales incurre o no en transfuguismo.

Este acuerdo, aunque puede parecer menor, es importante ya que en la mayoría de los casos ni siquiera hay consenso acerca de si un edil es un tránsfuga o no. Por ejemplo, el pasado sábado el PP dijo que seguiría adelante con la moción de censura en Salobreña (Granada), que se hizo efectiva el lunes con los votos de los populares y del PA, porque no consideraba tránsfuga a la ex concejal de IU Teresa Jiménez, que respaldó la iniciativa. El PP argumentó que Jiménez contaba con el apoyo de la asamblea local, pese a que la dirección regional y provincial de la federación de izquierdas había disuelto esta asamblea y la habían suspendido de militancia.

Todos los partidos saludaron este acuerdo de mínimos, aunque de inmediato se introdujeron matices. El representante del PA, Juan Carlos Benavides, sacó la conclusión de que el consejero de Gobernación, Alfonso Perales, había aceptado que Jesús Valenzuela (ex concejal del PA en el Ayuntamiento de Granada y ahora en el PSA) es ún tránsfuga, conclusión que rechaza el titular de Gobernación.

Al término de la mesa contra el transfuguismo, que se reunió en el Parlamento andaluz a petición de IU para calificar el caso de La Algaba, Perales anunció que ha solicitado un informe al Consejo Consultivo, órgano de asesoramiento jurídico de la Junta, para que diga si es posible que el Gobierno autonómico pueda intervenir en el reglamento de funcionamiento de los ayuntamientos para penalizar el transfuguismo, ya sea económica o protocoloriamente. Perales añadió que existen serias dudas acerca de si la Junta puede intervenir en esta materia.

Salvador Pendón (PSOE), Benavides (PA) y Willy Meyer (IU) destacaron la calificación negativa de la moción de censura en La Algaba, municipio gobernado por José María Torres Zapico, de IU, y que ha sido auspiciada por cuatro concejales de esta formación y seis del PSOE. Socialistas e IU subrayaron que las respectivas direcciones han abierto expedientes de expulsión de todos ellos como medida terapéutica y criticaron que el PP no se pronunciase sobre este caso pese a que no le afectaba directamente. El portavoz del PP, José Luis Rodríguez, prefirió no pronunciarse sobre el caso y dijo que había que estudiar caso a caso, presentes y pasados, y se centró en el caso de Granada.

Por la mañana, Perales había apuntado que la elección directa de los alcaldes es la mejor fórmula para luchar contra el transfuguismo.

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Sobre la firma

Luis Barbero
Es subdirector de Actualidad de EL PAÍS, donde ha desarrollado toda su carrera profesional. Ha sido delegado en Andalucía, corresponsal en Miami, redactor jefe de Edición y ha tenido puestos de responsabilidad en distintas secciones del periódico.

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