La Iglesia admite que quizás deba entregar al juez los documentos sobre Gescartera

El portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan José Asenjo, ya no tiene tan claro que el Arzobispado de Valladolid pueda negar documentos sobre Gescartera a la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios. Al final de la Comisión Permanente del episcopado, reunida durante tres días en Madrid, Asenjo matizó ayer su tajante afirmación de que 'si alguna institución [de la Iglesia] se niega a entregar parte de esos archivos está en su derecho'. Quizás la normativa afecte a los archivos de tipo pastoral o sacramental, que pueden afectar a la intimidad de las personas, pero no a cuestiones como las que se dirimen en la investigación sobre Gescartera, rectificó Asenjo.

Minutos antes de iniciar sus trabajos la Comisión Permanente, el martes pasado, el portavoz episcopal sostuvo que los archivos de la Iglesia 'son inviolables' porque así lo proclamaba el artículo primero del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, firmado en Roma en 1979. Según Asenjo, esos acuerdos, derivados casi al pie de la letra del Concordato que consagró en 1953 el nacionalcatolicismo durante la dictadura de Franco, tutelan el derecho de la Iglesia católica española a la custodia 'en exclusiva' de sus archivos.

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Pero, durante la conferencia de prensa celebrada ayer, Asenjo admitió que él mismo, como secretario general de la Conferencia Episcopal, había estado hablando por la mañana con varios expertos jurídicos sobre la interpretación de ese artículo, y existían dos opiniones contrarias. La primera, explicó, defiende la interpretación facilitada el pasado martes por él mismo, mientras que la segunda sostiene que la normativa afecta a archivos de tipo pastoral o sacramental, pero no a cuestiones como las investigadas en el caso Gescartera. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal ha debatido esa cuestión el miércoles y, según Asenjo, se está estudiando cuál es la interpretación jurídica que debe adoptarse finalmente.

Por su parte, la juez Teresa Palacios ha convocado para el próximo día 7, como imputado, a Javier Sierra de la Flor, consejero y apoderado de Gescartera, y a tres empleados para que, en calidad de testigos, colaboren en la extracción de información de los ordenadores de la agencia intervenida.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0031, 31 de enero de 2002.

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