La izquierda catalana y los juristas

He tenido ocasión de asistir a un acto de notable trascendencia: la presentación y debate ante un nutrido grupo de juristas del informe que los tres partidos de la izquierda catalana propondrán a la comisión parlamentaria que estudia la profundización del autogobierno de Cataluña. El hecho es insólito y relevante de tan razonable, pues, por sensato que parezca someter a juicio de legistas los proyectos normativos antes de ser discutidos en el Parlament, no suele actuarse como en el presente caso, es decir, al margen del secretismo confidencial y de los asesores implicados en su redacción.

Justo es decir que este encuentro venía a ser la culminación lógica de otro anterior, también novedoso y laudable: el del pleno de la comisión con una serie de expertos e instituciones, que habían aportado a su conocimiento valiosos informes descriptivos de la actual situación del autogobierno catalán. Los tres grupos de izquierda eran ahora los primeros en querer escuchar el juicio del constitucionalismo universitario respecto al común proyecto de política constitucional y estatutaria, logrado a partir de los datos recabados en su día.

Los partidos de izquierdas catalanes han elaborado un texto sobre autogobierno que sometieron a juicio de un grupo de juristas. Una forma de proceder poco habitual y muy últil

La sesión de trabajo fue convocada por cuatro fundaciones de cultura política: Rafael Campalans, Nous Horitzons, Josep Irla y Catalunya Segle XXI. He ahí otra novedad: el interés de un amplio ámbito intelectual por las propuestas parlamentarias cuando son concretas, serias y solventes. Presentaron el informe los diputados Vallès, Ridao y Ribó y lo enjuiciaron cuatro especialistas en la materia, los profesores Aja, Albertí, Bayona y Gerpe. Finalizada su intervención, se abrió un vivo debate académico en el que participaron varios de los juristas que llenaban la sala, profesores y letrados del Parlament en su mayoría.

El texto, pulcramente editado, del informe Catalunya i l'autogovern, Perspectiva 2008 contiene seis recomendaciones dirigidas a la Generalitat en su conjunto institucional, con indicación detallada de objetivos específicos y de los instrumentos jurídicos y políticos que pueden contribuir a su logro. Se recomienda actualizar las competencias autonómicas y su ejercicio; revisar las instituciones propias y el gobierno local en cuanto a su regulación presente; reforzar la posición de la Generalitat como parte del Estado; institucionalizar la presencia de la misma en la Unión Europea y en el ámbito de las relaciones insternacionales, garantizar el reconocimiento de los aspectos simbólicos y culturales del Estado plurinacional y, en fin, establecer una carta de derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña.

En su presentación, los tres diputados de la izquierda insistieron en que, frente a comentarios desdeñosos en el sentido de que 'a la gente no le preocupa el autogobierno', ésta es la única herramienta eficaz para atender, mediante políticas públicas, las nuevas o no tan nuevas necesidades y demandas de la población. Rafael Ribó llegó a propugnar la conveniencia de implicar a toda la ciudadanía en las reformas previstas mediante el ejercicio del referéndum.

El juicio de los especialistas fue rotundamente positivo. Con frialdad técnica muy convincente resaltaron las virtudes del informe: coherente planificación de un conjunto casi exhaustivo de reformas jurídicas; idoneidad y realismo de éstas; atinada formulación de los procedimientos oportunos para llevarlas a cabo. Pero, como es propio de entendidos, hubo discrepancias sutiles sobre la posibilidad, oportunidad o consecuencias de ciertas medidas, pero pronto se vio que eran cuestiones sobre las que el acuerdo debería ser más político que académico cuando se plantearan en la práctica. El punto algo polémico fue la inclusión en el Estatut o en el texto singular de una tabla de derechos y deberes ciudadanos. Se recordó que los únicos que la Constitución reconoce como ejercitables ante la judicatura ya se hallan implícitos en el artículo octavo del Estatuto y que otros nuevos, al no poder alegarse, provocarían falsas expectativas y frustraciones, lo cual no impide que, como meros principios rectores de las políticas públicas, sea factible y conveniente ampliar en Cataluña la lista contenida en la norma fundamental, algo desfasada ya en este campo después de 20 años. Personalmente me apunto a esta solución.

Como era de esperar, el gran acuerdo alcanzado entre los impulsores del informe y el colectivo de juristas se acompañó de una inevitable diferencia: la existencia entre los hispanoescépticos y los que confían en el imprescindible sostén al proyecto por una futura mayoría parlamentaria en Madrid. Éstos, a su vez, mostraron sus dudas sobre el previo apoyo que la alizanza CiU-PP podría dar a su proyecto en el Parlament, sin el cual todo quedaría en agua de borrajas.

Opciones políticas aparte, considero oportuno confesar que, como constitucionalista y como ciudadano de Cataluña, me causó una reconfortante impresión el diálogo, tan riguroso y responsable, que ante mis oídos sostuvieron la izquierda catalana y los juristas.