Los delegados de Gescartera denuncian a Camacho porque se consideran estafados
Los directores de la agencia quieren ser incluidos en la lista de damnificados
Los directores de Gescartera en Galicia, Asturias y Burgos quieren incorporarse a la lista de víctimas de este escándalo financiero. La juez Teresa Palacios, que instruye el caso en la Audiencia Nacional, rechazó esta pretensión a final de año, pero los abogados de los tres delegados de la agencia de valores de Antonio Camacho en Gijón, Vigo y Burgos han presentado un recurso de reforma en el que, además de sus contratos como asalariados de Gescartera, esgrimen una cita en el hotel Palace para demostrar que forman parte del colectivo de engañados. La cita, una reunión de la red comercial de Gescartera para el 27 de junio convocada el 11 de junio por el director comercial, José María Castro. La CNMV intervino Gescartera el 13 de junio y los delegados se enteraron por una circular el día 15.
La cita en el Palace, un hotel de lujo, fue convocada sólo dos días antes de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) interviniera Gescartera. Es una circular remitida por José María Castro -quien también se presentó como una víctima en su declaración ante la comisión de investigación de este escándalo en el Congreso de los Diputados- a toda la red comercial. Los abogados de los tres directores provinciales de Galicia, Asturias y Burgos han remitido a la juez la circular de la reunión que debía haberse celebrado el 27 de junio y otra que sí se celebró a finales de 1999.
La convocatoria de finales de 1999 se celebró en el hotel NH Nacional, cerca de la estación de Atocha de Madrid, y la fallida de finales de junio estaba convocada en el salón Neptuno del hotel Palace, seguida de una comida en el célebre restaurante Lhardy.
La situación de Gescartera, a juzgar por ambas convocatorias, había mejorado desde 1999, pues en aquel año se advertía a los delegados provinciales que la reunión comenzaría a las 10.30 'con el fin de facilitarles la llegada a Madrid en el propio día de la reunión'. En 1999 se preveía que la hora del almuerzo sería a las 14.30 pero sin especificar, como en junio de 2001, la invitación a comer en Lhardy.
La convocatoria de junio de este año anunciaba un 'breve análisis de la situación del grupo al día de la fecha', el nuevo 'procedimiento comercial' tras la transformación de Gescartera en agencia de valores y los 'objetivos para 2001'.
Estos datos, según la defensa de estos tres directores, sólo inducían a presumir que la empresa de Camacho iba bien. Además, en otra comunicación, del 4 de abril, les habían anunciado que ya se había producido su transformación en agencia de valores, lo que les permitiría tener su 'propia cuenta corriente en la que efectuar los ingresos de los clientes para cualquier tipo de operación de renta variable'. La comunicación del 4 de abril indica cuál es esa nueva cuenta en la que deben efectuar los ingresos de clientes, 'que sustituye a la anterior', sin especificar que mientras Gescartera no fue agencia de valores no podía operar en ninguna cuenta que no estuviera a nombre de cada cliente.
Esa comunicación de abril de 2001 añade que los ingresos pueden hacerse por transferencia, en efectivo o por talón, tanto a nombre de Gescartera como al portador.
Los tres directores provinciales de Gescartera en Burgos, Gijón y Vigo, Francisco Javier González Balbas, Faustino Pendas y José Luis Morales, esgrimen asimismo documentación que demuestra que familiares directos suyos, sus esposas y el padre de uno de ellos, invirtieron en Gescartera, lo que no habrían hecho de saber que aquello era un inmenso fiasco. Los tres incorporan también a la extensa documentación remitida a la juez sus contratos de trabajo firmados con Gescartera con sueldos brutos anuales de entre cuatro y siete millones de pesetas, así como sus nóminas de los últimos meses.
La defensa de estos tres directores argumenta con esa documentación que ninguno de ellos sabía nada de la difícil situación de la agencia de valores de Antonio Camacho, que los tres eran meros empleados y no cobraban sueldos millonarios. Además, confiaban en trabajar en una empresa solvente pues entre sus clientes tenían a sus familiares más cercanos.
Estos directores provinciales se califican, en el recurso de reforma presentado en la Audiencia Nacional, como 'vilmente engañados por los responsables de Gescartera', dicen que se han quedado 'en la calle con muchos salarios adeudados' y que el hecho de haber trabajado para la empresa de Camacho ha 'dilapidado su trabajo y su prestigio moral, profesional y social'. Por todo ello reclaman engrosar la lista de damnificados.
