Barberá reclama recursos y Zaplana apuesta por definir competencias

Rita Barberá, alcaldesa de Valencia y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, y Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat valenciana y adalid popular en las últimas negociaciones sobre el modelo de financiación autonómica, personifican un debate que se extenderá entre 17 presidentes autonómicos y unos cinco mil alcaldes si los dos grandes partidos nacionales apuestan por la 'segunda descentralización', que José María Aznar introdujo en la agenda política del PP para la próxima década durante la clausura del congreso nacional de su partido, el pasado domingo.

Desde que el Gobierno anunció la supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que todavía no ha llevado a efecto, Barberá reclama compensaciones en los ingresos de los municipios. En el congreso del PP, la alcaldesa de Valencia defendió con éxito una enmienda que persigue definir un nuevo modelo tributario para que los ayuntamientos reciban compensaciones por el uso de su espacio radioeléctrico a través de la telefonía móvil.

Cuando Jesús Posada, ministro de Administraciones Públicas, sugirió hace un año la posibilidad de impulsar transferencias desde las comunidades autónomas a las corporaciones locales en una convención intermunicipal del PP celebrada precisamente en Valencia, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, tuvo que aplacar una rebelión de alcaldes, encabezados por Barberá, que reclamaban más fondos y un nuevo modelo de financiación local.

Eficiencia

Vista desde la Generalitat valenciana, la 'segunda descentralización' sólo debe abordarse a partir de una clara definición de las competencias de cada Administración. Vicente Rambla, consejero valenciano de Hacienda, asume que el actual modelo de financiación autonómica cierra prácticamente el desarrollo del Estado de las Autonomías, de acuerdo con el discurso del PP, y se muestra abierto a un debate sobre 'qué competencias pueden desarrollar los ayuntamientos de forma más eficiente'. Pero defiende que la financiación de cualquier traspaso será siempre 'la segunda parte'. Rambla sostiene que 'la coordinación' de la Generalitat en materias como las políticas activas de empleo, por ejemplo, es necesaria. Y sugiere que los ayuntamientos asumirían 'la última fase' de tales prestaciones.

Una vez definidas las responsabilidades de cada Administración, se podría abordar su financiación mediante cesiones de ciertos impuestos a las corporaciones locales, 'como se hace en Alemania', explicó ayer Rambla.

Rafael Blasco, consejero valenciano de Bienestar Social, defiende que acercar los servicios a los ciudadanos 'genera capital social' y 'contribuye a consolidar la sociedad civil', pero cree que empezar por 'pedir recursos es un planteameniento erróneo de base'.