Elecciones y cohesión universitaria

Las elecciones a rector que tendrán lugar en la Universidad de Valencia el próximo 26 de febrero bien merecen que el debate público -ya iniciado- se amplíe con ideas nuevas que puedan ser escuchadas por quien gane en las urnas. Se discute en la prensa sobre cuál habría de ser el proyecto con el que esta universidad encare el futuro y de si se dispondría de la financiación suficiente. Dejando a un lado las obras de grandes infraestructuras, en gran parte ya realizadas, y suponiendo que el objetivo principal no debiera ser extrauniversitario, sin duda la Universidad ha de afrontar el reto -principal- de la transformación interna: ante la perspectiva de una curva demográfica de estudiantes en claro descenso y con una competencia (pública, privada) en aumento, el reto -docente e investigador- es la reorganización, la diferenciación, la especialización y, en suma, la mejora de la calidad. Es decir, se requiere una delicada labor de sutura interna, que hay que desarrollar en varios frentes.

Sin embargo hay dificultades evidentes que pueden hacer naufragar el propósito. La tónica que ha venido siendo dominante en el gobierno universitario puede sintetizarse en la popular fórmula de 'café para todos' y de ella, junto a los efectos de la creación de departamentos fuertes de la LRU, se ha derivado una muy extendida atomización de objetivos e intereses entre el profesorado (no sólo de departamentos sino de unidades docentes y de taifas varias e incluso de personas individuales con sus reducidas cortes). Y nadie quiere renunciar a nada.

Este fenómeno de notable atomización, relativamente nuevo, ha dado lugar a la marginación de una serie de minorías (paradójicamente numerosas) que antes podían encontrar un cierto respaldo comunitario en los respectivos centros, hoy desarticulados y debilitados: los que estorbaban los proyectos hegemónicos, los que no han querido convertirse en cómplices de decisiones arbitrarias, personas que no renuncian a sus derechos, los amantes del cumplimiento de la legalidad, etc. Un conjunto de profesores que a menudo han sido arrollados o arrinconados por los respectivos establishment. En términos globales la Universidad no ha sabido dar respuesta a este problema, que ha generado muchos sufrimientos e injusticias -algunas bien conocidas en los respectivos entornos- y la retirada a sus cuarteles de invierno de muchas personas valiosas.

La legislación universitaria vigente preveía una serie de mecanismos de control internos que de un modo u otro se han venido relajando, creando de hecho indefensión. Las comisiones que enjuician los conflictos (incluidas las varias de apelaciones o reclamaciones) observan la tendencia a dejarlo todo como está o, si acaso, a introducir mínimas rectificaciones -cuando se disputa sobre puestos docentes la llamada discrecionalidad técnica de los juzgadores es la capa que todo lo tapa-; la asesoría jurídica en sus dictámenes propende a confirmar acomodaticiamente los actos y acuerdos de la administración universitaria; incluso el Tribunal de Greuges peca de tímido, voluntarioso pero poco corajoso, y al final, error gravísimo, en un juego malabar de formas, el rectorado acaba sancionando legalidad por justicia, con la consiguiente desmoralización de profesores, estudiantes y personal de servicios, pues a todos afecta el modus operandi. Amén de la habitual lentitud.

Al mismo tiempo la conflictividad interna está llamada a seguir aumentando por la sencilla razón de que la Universidad se ha ido burocratizando de manera imparable. Las instancias unipersonales son cada vez menos, casi todas las decisiones entroncan en una cadena semiinfinita de comisiones contra cuyas decisiones -a menudo muy alejadas de los interesados, a los que rara vez se escucha en persona- hay que apelar por escrito, y las instancias sucesivas que han de informar, o incluso decidir, se multiplican. Es un angustioso laberinto sin hilo de Ariadna alguno al que asirse. A menudo cunde la desmotivación y el abandono.

Somos una comunidad universitaria, jerárquica -no se olvide- de casi 60.000 almas en la que la justicia interna falla y, sin embargo, su buen funcionamiento es imprescindible. El recurrir contra acuerdos tomados ha de ser admitido por todos como una práctica no sólo legítima sino normal, cuyo amparo corresponde a las autoridades universitarias. A los interesados hay que escucharles y se les ha de garantizar una resolución objetiva, rápida y justa. La próxima reforma de los Estatutos ofrece una oportunidad de oro para cambiar el actual estado de cosas. Se requiere dinamismo, agilidad, rectitud moral y sinceras ganas de desterrar el corporativismo. Han de establecerse normas y procedimientos claros que protejan los derechos de los individuos, no la fuerza del aparato universitario. En ello nos va nuestra credibilidad universitaria y el poseer un instrumento interno eficaz para corregir la creciente burocración.

Juan Carlos de Miguel es profesor claustral de la Facultad de Filología de la Universidad de Valencia.