¿Participar en Europa? Cuestión de voluntad

A partir del 1 de enero de 2002 hemos empezado a convivir físicamente con el euro y habrá quien haya pensado que tan sólo se trata de una nueva moneda. Estamos oyendo hablar de políticas monetarias, de tipos de interés, de la desaparición de los endiablados cambios entre la peseta, el franco, el marco o la lira. También se nos quedará grabado que la entrada en el euro nos llevará a un horizonte de estabilidad en el que si somos competitivos se incrementará el crecimiento económico. Y todo ello será verdad, pero no deja de ser sólo una de las caras de la nueva moneda. La otra, la grabada en la cara opuesta del metal, es la revolución política que comienza,

El euro va a suponer mucho más que un nuevo marco económico y monetario. Será sobre todo un elemento que provoque una revolución política en Europa, en la que los ámbitos en los que la soberanía se va a ejercer van a sufrir profundas modificaciones, transformando el concepto de Estado y diluyendo el significado de las fronteras dentro de la Unión Europea.

Bélgica delegó la presidencia de siete Consejos de la UE a ministros regionales

Aznar no quiere poner los mecanismos para la participación legítima de las autonomías

Probablemente nunca antes estuvo el ideal europeo tan asumido como ahora por el conjunto de los ciudadanos y, paradójicamente, tampoco antes fueron tan evidentes los recelos de la ciudadanía con respecto al concepto de Europa. La complejidad del sistema de toma de decisiones crea confusión entre los ciudadanos y el hecho de que el Consejo Europeo -que representa a los Estados miembros- sea una institución legislativa democrática cuyas deliberaciones son secretas, acrecienta las desconfianzas. Es precisamente para combatir este riesgo de inhibición ciudadana por lo que con el Tratado de la Unión Europea de 1992 tomó cuerpo en el Derecho Comunitario el llamado principio de subsidiariedad, que no es otra cosa que la voluntad explícita de que las decisiones se deben adoptar lo más cerca posible del ciudadano y en las condiciones de mayor eficacia. Obviamente los Estados miembros se dieron mucha prisa a la hora de establecer el equilibrio de competencias entre la Unión y los propios Estados, pero sin embargo algunos resultan más remolones cuando se trata de aplicar el mismo principio de subsidiariedad entre el Estado y las regiones con competencias legislativas de su ámbito interno.

El Estado español, Estado descentralizado y complejo -por lo menos teóricamente-, no es ajeno al proceso de integración europeo del que venimos hablando. En las últimas semanas mucho se ha dicho y escrito sobre los posicionamientos de las comunidades autónomas socialistas, nacionalistas y alguna del Partido Popular de cara a este tema.

Tras la entrada en Europa, la Comunidad Europea adquiere capacidad de decisión sobre muchas materias. Éstas abarcan desde la política monetaria hasta la pesca, pasando por la agricultura y la política de competencia. Por tanto, Europa pasa a influir sobre materias que afectan de manera muy especial a la capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas. Así, hoy podemos decir que más del 65% de la normativa que se da en el Estado español es una normativa que viene impuesta directa o indirectamente desde las instancias comunitarias. De este modo, si el objetivo prioritario de una administración, y las autonómicas lo son en la misma medida que la central, tiene que ser la defensa correcta y concienzuda de los intereses que afectan a sus ciudadanos, es normal que las comunidades autónomas no sólo tengan el derecho sino el deber de estar en aquellos foros donde se debaten, negocian y adoptan las decisiones que vinculan a sus ciudadanos.

Las comunidades autónomas que tienen una mayor sensibilidad por los temas europeos vienen reivindicando desde hace años la posibilidad de formar parte de la delegación del Estado en los diferentes Consejos de Ministros de la Unión Europea.

Es más, si el Gobierno central tuviera voluntad política de habilitar a consejeros de las comunidades autónomas, éstos podrían perfectamente representar al propio Estado español en dichos Consejos, a imagen y semejanza de lo que es práctica habitual de algunos Estados miembros como Alemania o Bélgica, quien ya en 1993, pero sobre todo en su última Presidencia del semestre pasado, delegó la presidencia de siete Consejos de Ministros de la UE a ministros regionales. Esto es absolutamente posible y el propio Tratado de la Comunidad Europea lo dice expresamente.

Es práctica habitual que los diferentes órganos e instituciones de la Unión Europea se expresen sobre el Consejo de Ministros y su posible composición habida cuenta del debate sobre el futuro de la Unión en el que nos encontramos inmersos. De este modo, y en fechas muy cercanas, el Parlamento Europeo en su sesión del pasado mes de octubre se pronunció al respecto. Así, en el informe Poos, en su punto 12, se aboga porque en los Estados federales o fuertemente regionalizados las regiones participen en el proceso legislativo europeo y en el propio Consejo en conformidad con el artículo 203 del Tratado de la CE. Este informe fue aprobado con 442 votos a favor, 23 en contra y 17 abstenciones. El Partido Popular (con el futuro yerno del presidente Aznar a la cabeza) votó a favor de este informe.

En fechas todavía más recientes, a mediados del mes de noviembre pasado, en el Comité de Regiones se aprobó por unanimidad el informe Martini-Schausberger sobre la participación de representantes de los Gobiernos regionales en los trabajos del Consejo de la Unión Europea. Todas las comunidades autónomas del Estado español forman parte de este Comité de Regiones y todas ellas votaron a favor de la tesis de que para el buen funcionamiento de la Unión es necesaria la participación directa de representantes de los entes territoriales regionales en el Consejo dentro de las delegaciones de los Estados miembros.

Otra cuestión que resulta obsoleta en Europa es el carácter de relaciones internacionales aplicados a cuestiones internas de la propia Unión. Cuando el propio euro nos acerca diluyendo las fronteras, cuando incluso los jugadores de fútbol comunitarios no ocupan posición de extranjeros, no es por casualidad sino la prueba evidente a los ojos de las instituciones comunitarias y del ciudadano llano, de que ya no hay asuntos externos o exteriores dentro de la Unión Europea. Para más perplejidad, el propio Tribunal Constitucional falló ya en 1994 que Europa no es un espacio internacional y que debe de considerarse como ámbito interno.

Si además -como lo señala Carlos Fernández de Casadevante Romani en su libro sobre La Acción Exterior de las Comunidades Autónomas- el TC afirma que la Constitución española 'no impide que la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas se proyecte también en este ámbito -de las relaciones internacionales- mediante estructuras adecuadas, para las que tanto la propia Constitución (art. 150.2) como el Derecho comparado (Tratados-marco, etcétera) ofrecen amplias posibilidades', ¿cuál es el problema?

A nuestro entender uno sólo: la absoluta falta de voluntad política del Gobierno de Aznar de articular mecanismos que permitan esa participación legítima.A partir del 1 de enero de 2002 hemos empezado a convivir físicamente con el euro y habrá quien haya pensado que tan sólo se trata de una nueva moneda. Estamos oyendo hablar de políticas monetarias, de tipos de interés, de la desaparición de los endiablados cambios entre la peseta, el franco, el marco o la lira. También se nos quedará grabado que la entrada en el euro nos llevará a un horizonte de estabilidad en el que si somos competitivos se incrementará el crecimiento económico. Y todo ello será verdad, pero no deja de ser sólo una de las caras de la nueva moneda. La otra, la grabada en la cara opuesta del metal, es la revolución política que comienza,

El euro va a suponer mucho más que un nuevo marco económico y monetario. Será sobre todo un elemento que provoque una revolución política en Europa, en la que los ámbitos en los que la soberanía se va a ejercer van a sufrir profundas modificaciones, transformando el concepto de Estado y diluyendo el significado de las fronteras dentro de la Unión Europea.

Probablemente nunca antes estuvo el ideal europeo tan asumido como ahora por el conjunto de los ciudadanos y, paradójicamente, tampoco antes fueron tan evidentes los recelos de la ciudadanía con respecto al concepto de Europa. La complejidad del sistema de toma de decisiones crea confusión entre los ciudadanos y el hecho de que el Consejo Europeo -que representa a los Estados miembros- sea una institución legislativa democrática cuyas deliberaciones son secretas, acrecienta las desconfianzas. Es precisamente para combatir este riesgo de inhibición ciudadana por lo que con el Tratado de la Unión Europea de 1992 tomó cuerpo en el Derecho Comunitario el llamado principio de subsidiariedad, que no es otra cosa que la voluntad explícita de que las decisiones se deben adoptar lo más cerca posible del ciudadano y en las condiciones de mayor eficacia. Obviamente los Estados miembros se dieron mucha prisa a la hora de establecer el equilibrio de competencias entre la Unión y los propios Estados, pero sin embargo algunos resultan más remolones cuando se trata de aplicar el mismo principio de subsidiariedad entre el Estado y las regiones con competencias legislativas de su ámbito interno.

El Estado español, Estado descentralizado y complejo -por lo menos teóricamente-, no es ajeno al proceso de integración europeo del que venimos hablando. En las últimas semanas mucho se ha dicho y escrito sobre los posicionamientos de las comunidades autónomas socialistas, nacionalistas y alguna del Partido Popular de cara a este tema.

Tras la entrada en Europa, la Comunidad Europea adquiere capacidad de decisión sobre muchas materias. Éstas abarcan desde la política monetaria hasta la pesca, pasando por la agricultura y la política de competencia. Por tanto, Europa pasa a influir sobre materias que afectan de manera muy especial a la capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas. Así, hoy podemos decir que más del 65% de la normativa que se da en el Estado español es una normativa que viene impuesta directa o indirectamente desde las instancias comunitarias. De este modo, si el objetivo prioritario de una administración, y las autonómicas lo son en la misma medida que la central, tiene que ser la defensa correcta y concienzuda de los intereses que afectan a sus ciudadanos, es normal que las comunidades autónomas no sólo tengan el derecho sino el deber de estar en aquellos foros donde se debaten, negocian y adoptan las decisiones que vinculan a sus ciudadanos.

Las comunidades autónomas que tienen una mayor sensibilidad por los temas europeos vienen reivindicando desde hace años la posibilidad de formar parte de la delegación del Estado en los diferentes Consejos de Ministros de la Unión Europea.

Es más, si el Gobierno central tuviera voluntad política de habilitar a consejeros de las comunidades autónomas, éstos podrían perfectamente representar al propio Estado español en dichos Consejos, a imagen y semejanza de lo que es práctica habitual de algunos Estados miembros como Alemania o Bélgica, quien ya en 1993, pero sobre todo en su última Presidencia del semestre pasado, delegó la presidencia de siete Consejos de Ministros de la UE a ministros regionales. Esto es absolutamente posible y el propio Tratado de la Comunidad Europea lo dice expresamente.

Es práctica habitual que los diferentes órganos e instituciones de la Unión Europea se expresen sobre el Consejo de Ministros y su posible composición habida cuenta del debate sobre el futuro de la Unión en el que nos encontramos inmersos. De este modo, y en fechas muy cercanas, el Parlamento Europeo en su sesión del pasado mes de octubre se pronunció al respecto. Así, en el informe Poos, en su punto 12, se aboga porque en los Estados federales o fuertemente regionalizados las regiones participen en el proceso legislativo europeo y en el propio Consejo en conformidad con el artículo 203 del Tratado de la CE. Este informe fue aprobado con 442 votos a favor, 23 en contra y 17 abstenciones. El Partido Popular (con el futuro yerno del presidente Aznar a la cabeza) votó a favor de este informe.

En fechas todavía más recientes, a mediados del mes de noviembre pasado, en el Comité de Regiones se aprobó por unanimidad el informe Martini-Schausberger sobre la participación de representantes de los Gobiernos regionales en los trabajos del Consejo de la Unión Europea. Todas las comunidades autónomas del Estado español forman parte de este Comité de Regiones y todas ellas votaron a favor de la tesis de que para el buen funcionamiento de la Unión es necesaria la participación directa de representantes de los entes territoriales regionales en el Consejo dentro de las delegaciones de los Estados miembros.

Otra cuestión que resulta obsoleta en Europa es el carácter de relaciones internacionales aplicados a cuestiones internas de la propia Unión. Cuando el propio euro nos acerca diluyendo las fronteras, cuando incluso los jugadores de fútbol comunitarios no ocupan posición de extranjeros, no es por casualidad sino la prueba evidente a los ojos de las instituciones comunitarias y del ciudadano llano, de que ya no hay asuntos externos o exteriores dentro de la Unión Europea. Para más perplejidad, el propio Tribunal Constitucional falló ya en 1994 que Europa no es un espacio internacional y que debe de considerarse como ámbito interno.

Si además -como lo señala Carlos Fernández de Casadevante Romani en su libro sobre La Acción Exterior de las Comunidades Autónomas- el TC afirma que la Constitución española 'no impide que la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas se proyecte también en este ámbito -de las relaciones internacionales- mediante estructuras adecuadas, para las que tanto la propia Constitución (art. 150.2) como el Derecho comparado (Tratados-marco, etcétera) ofrecen amplias posibilidades', ¿cuál es el problema?

A nuestro entender uno sólo: la absoluta falta de voluntad política del Gobierno de Aznar de articular mecanismos que permitan esa participación legítima.

Iñaki Aguirre Arizmendi es secretario general de Acción Exterior del Gobierno vasco.