El PSOE estudia denunciar al Gobierno por trabajar con 10 empresas sancionadas

El Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón ha contratado por importe de 62.000 millones de pesetas (372 millones de euros) con 10 empresas que incumplen la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas, según denunció ayer el PSOE. Se trata de empresas que han sufrido sanciones de carácter muy grave en materia de seguridad laboral. El portavoz socialista en la Asamblea, Pedro Sabando, afirmó que su partido estudia llevar el caso a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. El Ejecutivo replica que dicha ley carece todavía de reglamento y por tanto no es aún aplicable.

Desde 1998 y hasta el año 2000, el Gobierno regional, a través de distintas consejerías y organismos públicos, ha venido contratando con 10 empresas que han sufrido sanciones por infracciones muy graves en materia de seguridad. El problema es que, según la ley de Contratos de las Administraciones Públicas, las sociedades que se encuentran en esta situación no pueden trabajar para la Administración.

Dichas empresas, fundamentalmente del sector de la construcción, aunque también las hay de limpieza, estudios o transporte, facturaron, de acuerdo con los datos recopilados por el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo, más de 62.000 millones de pesetas. Los contratos se suscribieron por distintas consejerías (Educación, Medio Ambiente, Urbanismo) e instituciones regionales, como el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) o el Instituto Madrileño para el Desarrollo.

De los 62.000 millones de pesetas facturados en este periodo, 45.000 millones (270 millones de euros) corresponden a contratos realizados a través del ente público Mintra (Madrid Infraestructura del Transporte). Fernández Gordillo aportó documentación del propio Gobierno regional en la que se especifican las empresas sancionadas, los contratos y su importe. Según los socialistas, el Ejecutivo no comunicó a las juntas consultivas del Estado y de la Comunidad las sanciones impuestas para que se procediera a su incapacitación.

Para Pedro Sabando, que elogió el trabajo realizado por el diputado Fernández Gordillo, estas actuaciones son una 'auténtica burla política'. Recordó Sabando que el pleno de la Asamblea aprobó por unanimidad, el pasado 8 de noviembre, una resolución en la que se ampliaba la prohibición de la ley estatal de contratos, prohibiendo que se contratara con empresas que, incluso, sólo tuvieran infracciones leves.

Un asunto 'doloroso'

El portavoz del PSOE argumentó que el problema era más 'doloroso, por cuanto en esta Cámara ha habido una gran preocupación y sensibilidad de todos los grupos políticos en torno a la siniestralidad laboral'. 'Frente a los muertos en accidente y frente al discurso del PP, el Gobierno regional continúa ignorando las resoluciones de este Parlamento', añadió.

El PSOE anunció que había presentado una interpelación al Gobierno de Ruiz-Gallardón y que, mientras tanto, prepara nuevas actuaciones. 'Nuestros juristas se encuentran estudiando si el Gobierno regional ha incurrido en delito al contratar a empresas en estas circunstancias. De momento, esperaremos la respuesta del Ejecutivo para actuar en consecuencia, pero no descartamos llevar el caso ante la fiscalía si encontramos materia delictiva'. El portavoz socialista señaló que, en cualquier caso, su grupo no quería precipitarse en un caso tan delicado. 'Actuaremos con absoluta firmeza, pero con toda tranquilidad', dijo.

Como si se tratara de dar respuesta a estas denuncias, el Gobierno regional, a través del consejero de Trabajo, Luis Peral, anunciaba ayer que había iniciado contactos con el ministerio de Trabajo en torno a la siniestralidad laboral. El consejero afirmó que la Comunidad estudiaría con el Ministerio de Trabajo la creación de un grupo que analice las circunstancias en las que se llegue a prohibir la contratación con aquellas empresas que hayan sido sancionadas en materia de seguridad laboral. Peral, según Efe, aseguró que se trata de una medida que es 'pionera' entre las comunidades autónomas.

Peral informó de que la Comunidad quiere ampliar los supuestos en los que la infracción de las normas de seguridad laboral tendrán consecuencias negativas en la contratación pública.

'Mientras no exista el desarrollo reglamentario previsto en el artículo 21-2 de la Ley de Contratos del Estado', explicó, 'no son aplicables automáticamente las prohibiciones de contratar que establece el Artículo 20-d para infracciones muy graves en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo'. Según el consejero, 'los órganos de contratación administrativa de la Comunidad no pueden actualmente excluir de la contratación, de manera automática a las empresas sancionadas en firme por infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo'.

En el Pleno de la Asamblea del 8 de noviembre fueron aprobadas a iniciativa de los tres grupos parlamentarios 17 mociones para mejorar la seguridad en el trabajo. Una de ellas -a iniciativa del Partido Popular-, proponía ir más allá que la Ley de Contratos y extender las sanciones previstas en la Ley de Contratos para las infracciones muy graves a cualquier infracción, en materia de seguridad en el trabajo, garantizando el cumplimiento de dicha normativa en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.