El PSPV propone multas de hasta 3 millones de euros por los apagones

El portavoz del Grupo Socialista de las Cortes Valencianas, Joaquim Puig, anunció ayer la próxima presentación de una iniciativa parlamentaria para la elaboración de una normativa en torno a la calidad del suministro eléctrico que, según adelantó, incluirá sanciones de hasta tres millones de euros (unos 500 millones de pesetas) para las empresas que cometan infracciones muy graves. Entre éstas, Puig citó los cortes de suministro eléctrico sin cumplir los requisitos legales, la negativa a suministrar energía eléctrica a nuevos usuarios sin una razón plenamente justificada y la aplicación de precios no autorizados. Las normativa que proponen los socialistas incluirá multas a aquellas empresas que no 'mejoren, amplíen o adapten sus redes o instalaciones eléctricas', así como sancionar 'cualquier alteración en la medida del suministro que supere el 15%'.

La iniciativa pretende, según explicó Joaquim Puig, dar 'respuesta a la inactividad del Gobierno valenciano respecto a los apagones que sufren los ciudadanos y las empresas de esta comunidad', que, según añadió, 'ha sido una de las autonomías que más ha sufrido los apagones', sin que la Generalitat haya 'adoptado medidas para resolver esta situación'.

Puig recordó que el Estatuto de Autonomía confiere competencias a la Generalitat para intervenir en asuntos referidos a la instalación y distribución de energía en su territorio. Además, criticó las recientes declaraciones del titular de la Consejería de Economía, Vicente Rambla, sobre los apagones, en las que, según afirmó el portavoz socialista, el consejero se mostró 'como defensor de Iberdrola y de las empresas'.

Por otra parte, los socialistas anunciaron ayer su intención de recoger 'toda la información sobre los contratos y la relación de Stand & Poor's y la Generalitat' porque, según dijo Puig, es 'inadmisible que o la auditora o el conseller hayan mentido de forma tan descarada a la Comunidad Valenciana'. El portavoz socialista se refería al último informe de la auditora, cuya traducción al castellano, facilitada por el Consell, suavizaba la calificación financiera de la Comunidad Valenciana incluida en la versión original en inglés.