La juez respalda a la Iglesia en el cese de la profesora elegida edil de IU

El Juzgado número 9 de lo Social de Málaga ha dado un revés judicial a la profesora de religión Francisca Urbano al desestimar su demanda contra el Obispado, el Ministerio de Educación y la Consejería andaluza de Educación. La que fuera docente de religión durante trece años había pedido la nulidad de su cese en el colegio Remedios Rojo de Monda (Málaga) al no ser propuesta por la diócesis para continuar en su puesto durante el curso 2001-2002.

Francisca Urbano, que demanda su readmisión, no comparte los motivos que le expuso el obispo, Antonio Dorado Soto, quien le comunicó que había dejado de ser 'testimonio de vida cristiana por no implicarse en las actividades de la Iglesia'. La profesora, que sostenía la economía familiar y que ahora está en paro, reitera que el único cambio en su vida en trece años ha sido su inclusión en las listas de IU.

La sentencia de la juez Rocío Anguita rechaza la tesis de la afectada, que considera su salida de la docencia el resultado de una persecución política que comenzó después de que fuera elegida concejal de IU en Monda en 1999. Sobre este tema, la sentencia concluye que no consta el momento en que 'tal hecho llegó a conocimiento del Obispado', que sí la propuso para el curso 2000-2001. Incluso la fiscal del caso, Miriam Martínez, consideraba evidente que el cese de Urbano respondía a motivos ideológicos.

La juez se basa en la legitimidad que tiene la Iglesia para proponer al profesorado de Religión en virtud del acuerdo entre la Santa Sede y España, aunque señala esta relación laboral como atípica y bajo un fuerte vínculo de confianza. La resolución también absuelve al Ministerio de Educación, que contrata, y a la Consejería de Educación, sin competencias 'en este caso'.

La abogada de Urbano, María Dolores López, recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con el fin de invertir el sentido de la resolución. Su recurso se basará en una sentencia del Tribunal Superior catalán que condena a la Generalitat por el despido del profesor de Religión Francesc Joan Viger.