Más de 200 juristas y catedráticos denuncian en un manifiesto 'el linchamiento moral' de los jueces

Más de dos centenares de juristas, en especial magistrados, catedráticos y fiscales firmaron ayer un manifiesto dirigido a la opinión pública, y que fue enviado también al Consejo General del Poder Judicial, en el que critican el 'previo linchamiento moral' del que están siendo objeto, a su modo de ver, los magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero, tras haber puesto en libertad bajo fianza al presunto narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, el Negro.

'La depuración de posibles responsabilidades', señala el manifiesto, 'no autoriza el previo linchamiento moral de la persona imputada; algo que no debe perderse de vista cuando, como está ocurriendo en el caso de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, se ha pasado de la censura de la decisión judicial a la propalación de la sospecha de que unos magistrados, cuya honradez personal nunca se había puesto en duda, hayan actuado por temor o por interés'.

El documento precisa también que 'reacción tan virulenta no se había dado, hasta ahora, pese a que no es el primer lamentable caso de huida de una persona acusada, en libertad a la espera de juicio'.

'La dureza de los ataques desatados contra los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, y la insistencia en que sean suspendidos, cuanto antes, en el ejercicio de sus funciones', explica el manifiesto, 'tal vez tenga que ver no sólo con el deseo de controlar y responsabilizar la Magistratura sino con el propósito de deshacerse de un tribunal que empezaba a ser molesto por entender que la lucha contra la delincuencia no es incompatible con la escrupulosa observancia de unas garantías penales y procesales que, precisamente, constituyen la demostración de la superioridad ética del Estado de Derecho frente a sus enemigos'.

El documento, en el que se aboga por que la eficacia del sistema penal no puede cuestionar la plenitud de derechos de la persona, está firmado por numerosos catedráticos, entre ellos Gregorio Peces-Barba, Vicente Gimeno Sendra, Gonzalo Quintero y Luis López Guerra, así como fiscales y magistrados, incluso de la Audiencia Nacional.