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Un juez obliga a la Seguridad Social a reparar 40 viviendas de Villaverde que amenazan ruina

El Ayuntamiento tendrá que asumir las obras si el organismo sancionado se desentiende

Una sentencia del Juzgado Contencioso-administrativo número 18 de Madrid ha obligado a la Tesorería General de la Seguridad Social a reparar unos pisos que tiene en Villaverde y en los que viven 40 familias desde hace algo más de cuarenta años. Si la Seguridad Social se niega a reparar las viviendas, que presentan numerosas humedades y grietas, el Ayuntamiento tendrá que acometer las obras y luego pasarle la factura, según dicta la sentencia. Los inquilinos de los pisos llevan cuatro años sin pagar el alquiler porque, según ellos, la Seguridad Social se ha desentendido del asunto.

Los dos edificios afectados, cada uno con dos portales, están en el número 1 de la calle de San Dalmacio (distrito de Villaverde), pegados a la carretera de Andalucía. Estos bloques, de cuatro alturas, fueron construidos en 1957 por el Montepío de Productores Civiles del Ejército, una cooperativa formada por trabajadores civiles del Ejército. En los años sesenta, el Montepío desapareció y los pisos pasaron a formar parte del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas, al que los inquilinos pagaban el alquiler.

Hace cuatro años, los pisos cambiaron de nuevo de propietario y se hizo cargo de ellos la Tesorería General de la Seguridad Social. Según los vecinos, fue entonces cuando comenzaron los problemas. Las casas cada vez estaban más deterioradas por las grietas y la humedad, y la Seguridad Social no respondía a los requerimientos de los residentes para que las arreglara.

Sin recibos

'Además, los vecinos llevan desde diciembre de 1997 sin pagar el alquiler porque la Seguridad Social no pone a su disposición los correspondientes recibos', explica José Antonio Jiménez, abogado de los residentes. 'Mis clientes no pueden pagar desde 1997 porque la Seguridad Social no contesta. Es gente muy mayor y con pocos recursos, y la acumulación de recibos les va a llevar a que, al final, van a tener que pagar, de golpe, mucho dinero', continúa el abogado. Ahora, cada familia debe a la Seguridad Social, por impagos del alquiler, cerca de 6.000 euros (un millón de pesetas).

En un informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo de octubre de 1999, los técnicos determinaron que en los bloques había signos de humedad y grietas y que había peligro de que los materiales de los que está hecho el tejado se cayesen a la calzada. Gerencia requirió a la Seguridad Social que acometiese las obras en un plazo de 20 días. Según el decreto de Gerencia de Urbanismo, era necesario rehabilitar el edificio 'para con ello evitar la decadencia de los bloques y el peligro que su estado supone para sus moradores'. Pero la Tesorería General de la Seguridad Social no hizo las obras.

Los residentes, a través de su abogado, siguieron intentando que la Seguridad Social reparase los edificios de su propiedad. Mientras, las humedades y las grietas iban deteriorando más y más la estructura de los inmuebles. 'Algunos vecinos hemos pintado las casas, pero da igual, porque las humedades aparecen de nuevo', explicó la semana pasada una vecina mientras mostraba los rodapiés de su casa calados de agua. 'El problema es que hay que cambiar las canalizaciones y fortalecer la estructura del edificio porque, si no, existe el peligro de que algún día pase una desgracia', afirma el abogado de los residentes.

Ante la falta de respuesta, los vecinos decidieron demandar a la Seguridad Social y exigirle así que reparase los edificios. Ahora, un juzgado les ha dado la razón. La sentencia insta a la Gerencia de Urbanismo a que ordene a la Tesorería General de la Seguridad Social que 'devuelva los edificios a su estado normal', y, si ésta no responde, la propia Gerencia tendrá que acometer las obras y pasarle luego la factura a la Seguridad Social.

'Fallo muy favorable'

Aunque cabe recurso de apelación, los residentes creen que o la Gerencia o la Seguridad Social van a poner fin a las humedades y las grietas que les quitan el sueño. 'El fallo es muy favorable porque, si finalmente el Ayuntamiento tiene que hacer las obras, no podrá alegar que no tiene recursos, porque al final los gastos los tendrá que pasar a la Seguridad Social', subraya el abogado.

Los residentes del edificio, en su mayoría personas mayores, estarían dispuestos a llegar a un acuerdo con la Seguridad Social para comprarle los pisos y que pasasen a ser de su propiedad: 'Si nos los venden, nosotros seríamos los dueños de los pisos y ya podrían desentenderse del todo de los edificios, que parece que es lo que busca la Seguridad Social', sugiere un vecino. Y agrega: 'Y si no, pues que nos cobren el alquiler y que empiecen a hacerse responsables de los pisos, que para eso son suyos'.

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