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LA COLUMNA | NACIONAL
Columna
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Limpieza judicial

Josep Ramoneda

POR LOS MISMOS DÍAS en que el fiscal general del Estado se querellaba en España por prevaricación dolosa contra los tres jueces de la Audiencia Nacional que excarcelaron al presunto narcotraficante llamado el Negro, el juez de instrucción francés Eric Halphen anunciaba su decisión de abandonar la magistratura. 'Cuando me hice juez', decía Halphen, 'tenía un ideal de justicia: la misma justicia para todos'. Pero Halphen chocó con la presidencia de la República y se sintió impotente para realizar su ideal regulativo.

La coincidencia entre estos dos acontecimientos puede parecer irrelevante. Son hechos que, a simple vista, podría incluso pensarse que son contradictorios: Cardenal aprieta las tuercas contra quienes se han acobardado ante el poder del narcotráfico, Halphen opta por la dimisión ejemplar ante su incapacidad para sacar adelante un procedimiento contra el poder político. Sin embargo, ambos acontecimientos pueden ser representativos del final de un ciclo.

En diversos países europeos -de Italia a Francia, pasando por España-, durante los años noventa, una serie de jueces fueron noticia por su atrevimiento frente al poder político y el poder económico. La caída del muro de Berlín tuvo una traducción inesperada en Occidente: pareció que la ciudadanía se volvía mas exigente con los poderosos. Clausurada la guerra fría, desaparecían las coartadas. No había razones para que los poderosos no pagaran sus fechorías. Este ciclo virtuoso parece que se acaba. Cualquier error, cualquier exceso en la pasión justiciera o en el escrúpulo garantista está siendo aprovechado por los poderes políticos para poner a raya a los jueces. En Italia, la derrota ha sido ya consumada. Cayeron varios de los corruptos, pero el corruptor se ha hecho con el poder. En Francia y en España se va también cerrando el ciclo.

Los magistrados Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero han cometido un gravísimo error excarcelando a el Negro. Un error cuyas consecuencias no se pueden soslayar: no sólo una persona a la que se le pedían 60 años de cárcel ha escapado a la acción de la justicia, sino que el propio proceso de la Operación Temple, uno de los más importantes contra el narcotráfico, ha quedado seriamente tocado. Su celebración está condenada a ser un carrusel de recusaciones, peticiones y aplazamientos que muy bien puede acabar en la nulidad de lo actuado.

Sin duda, el error cometido por los jueces reclama alguna forma de sanción o reparación. Pero la desproporcionada respuesta institucional y la tempestad mediática desatada demuestran que el error va a ser aprovechado para erosionar un poco más a la jurisdicción.

El exceso de celo de Cardenal es diáfano. Ordena la querella por prevaricación dolosa contra toda evidencia, con lo cual da plena satisfacción a los deseos del Gobierno: que los órganos jurisdiccionales no piensen tanto en los imperativos legales como en adecuarse a las conveniencias de la eficacia policial. Porque el motivo del ensañamiento no es tanto la causa inmediata, la excarcelación de el Negro, como el criterio empleado por esta sección de la Audiencia Nacional en casos relacionados con ETA. La insólita decisión del CGPJ de abrir una investigación contra los tres jueces por un falta muy grave por desatención abre una vía imprevisible en la limitación de la independencia judicial, que podría llevar a una auténtica caza de brujas.

Con un fiscal general siempre presto a obedecer al Gobierno y con la derecha judicial ejerciendo su sumisa hegemonía en el Consejo General me temo que la separación de poderes va a derivar en perfecta armonía entre ejecutivo y judicial, porque ésta es la idea de la España sin problemas que tiene Aznar. En Francia, el juez Halphen tuvo la desgracia de desafiar a la presidencia de la República. Montaron una celada a su suegro, la policía judicial se negó a cumplir sus órdenes, Chirac rechazó la convocatoria para un interrogatorio que él le hizo llegar y, finalmente, le sacaron del caso por un defecto de forma.

Aquí tres jueces han cometido un error monumental. El poder político ha decidido dar por concluido el ciclo de los años noventa. Y con sus errores algunos jueces le ponen muy fácil la tarea. Una vez más, Italia va por delante. La desfachatez de Berlusconi hace innecesarios los eufemismos. Su ministro de Justicia acaba de decirlo muy claro: 'Estoy dispuesto a hablar con todos los jueces menos con los extremistas'. Ha empezado la limpieza judicial.

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en su despacho.
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en su despacho.

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