La justicia portuguesa cierra con 15 absoluciones el macrojuicio del aborto

El tribunal de Maia, localidad próxima a Oporto, absolvió ayer a 15 portuguesas de practicar un aborto ilegal y condenó a ocho años de cárcel a la enfermera que organizó una clínica clandestina en las traseras de su domicilio. El tribunal consideró probado el delito a otras dos mujeres, las únicas que admitieron el hecho, pero declaró prescrito un caso e impuso a la última una pena de cuatro meses de cárcel o 120 euros de multa.

El tribunal de Maia leyó la sentencia en el polideportivo de la localidad ante el amplio número de procesados (43) y sus consiguientes abogados defensores, así como por la expectación que había despertado el caso. El proceso, que duró cuatro meses, volvió a reabrir la polémica sobre la despenalización del aborto en Portugal y provocó que una eurodiputada del Partido Comunista, Ilsa Figueiredo, consiguiera más de mil firmas de políticos e intelectuales de todo el mundo a favor de la absolución de las mujeres. El tribunal absolvió por falta de pruebas a 15 de las 17 acusadas, declaró prescrito uno de los casos e impuso una pena de cuatro meses de cárcel o una multa de 120 euros a una joven madre soltera, desempleada y con un hijo pequeño, quien admitió haber practicado un aborto por falta de recursos. Asimismo, los jueces portugueses condenaron a ocho años de cárcel a la enfermera Maria do Céu Ribeiro (detenida el año pasado) por la organización de la citada clínica clandestina, falsificación de documentos y tráfico de estupefacientes. El tribunal condenó también a penas de entre tres y cinco meses de prisión o multas de entre 500 y 1.000 euros a un médico, cuatro ayudantes de farmacia y un asistente social por su participación en los hechos o el reclutamiento de clientes.

El ministro de Ciencia y Tecnología del actual Gobierno socialista en funciones, Mariano Gago, se sumó ayer en Lisboa a la manifestación contra el juicio y reconoció que la actual legislación 'es insostenible y un factor de gran atraso en el país', para lo cual pidió la despenalización del aborto 'en condiciones serias'. Por su parte, la diputada socialista Helena Roseta afirmó que 'el crimen se encuentra en la ley'.

La legislación portuguesa es prácticamente similar a la española, pero su aplicación es insólitamente restrictiva. Portugal permite el aborto en los supuestos de malformación del feto, violación y grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre. Este último supuesto abre las puertas al aborto legal en España, pero en Portugal se interpreta de forma restrictiva y sólo se admite cuando 'la mujer tiene un atraso mental', según la Asociación Portuguesa para el Planeamiento Familiar, que cifra en 20.000 los abortos clandestinos. Asimismo, decenas de médicos invocan la objeción de conciencia para no practicar abortos en hospitales públicos.