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La corporación granadina acude a la vía penal para combatir el 'botellón'

La Fiscalía ha abierto diligencias contra el propietario de un pub por amenazar y obstruir la tarea de los inspectores de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada. Es la primera vez que la autoridad municipal recurre a la vía penal para combatir los efectos de la movida. El Ayuntamiento puso en marcha hace dos meses un severo plan para controlar el horario de cierre de los locales que incluyó un importante despliegue policial durante los fines de semana.

La Fiscalía ha aceptado investigar la imputación del Ayuntamiento contra el dueño de un pub reiteradamente denunciado por los inspectores municipales. Medio Ambiente decidió recurrir al fiscal tras comprobar que las denuncias de sus inspectores y la aplicación de la normativa eran insuficientes. El dueño del local ha sido acusado de 'obstruir y presionar' a los funcionarios.

Jesús del Río, del área de Medio Ambiente, dijo que la persona denunciada se ha permitido 'amenazar' a los inspectores y ha recurrido a variadas estratagemas para impedir que el Ayuntamiento aplique el horario de cierre e inspeccione su establecimiento. 'Para evitar casos como éste decidimos poner el asunto en manos de la Fiscalía. Los inspectores son funcionarios que pueden ser sometidos a chantaje o ser acusados de comportamiento irregular. No vamos a permitir que nadie nos amenace', señaló Del Río.

El recurso a la vía penal se enmarca dentro de un ambicioso plan municipal para hacer cumplir las reglas sobre cierre de locales y ruidos nocturnos. El 2001, Medio Ambiente impuso multas de millón de pesetas a 50 propietarios de locales y comunicó 200 decretos de clausura. Además inspeccionó un millar de ciclomotores.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 19 de enero de 2002