Libros... ni una broma

Once cartas al Defensor del Lector y una llamada telefónica; 15 misivas dirigidas al director, una de las cuales se publicó ayer. Este pequeño seísmo lo ha provocado la última página del periódico del pasado jueves, dedicada a contar la historia de una alumna de la Universidad de Valencia a la que se ha sancionado, prohibiéndole la entrada a las cuatro bibliotecas de aquel campus, hasta el próximo mes de octubre, por intentar sustraer un libro de una de ellas.

Pese a la variedad de los textos recibidos por el Defensor con siete cartas desde nuestro país -Barcelona, Granada, Madrid, Santander, Valencia-, dos desde Estados Unidos, una desde Montevideo (Uruguay) y una más desde Roma, los argumentos de protesta son coincidentes en lo fundamental:

En opinión de estos lectores, el texto que firmaba Lydia Garrido mantenía un tono exculpatorio para la alumna que recurrió contra la sanción universitaria y ha visto cómo ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, pese a que la ampararon en primera instancia; ejercía una crítica a la decisión de las autoridades académicas y, además, trataba de proyectar una imagen distorsionada de su actuación al subrayar que se aplicó un reglamento de 1954, 'de la época franquista'.

Varios de los comunicantes deploran que la información se refiriese al 'sagrado espacio de la biblioteca de Ciencias Sociales', por entender que la cursiva supone un sarcasmo innecesario y añaden que es tendencioso el párrafo destinado a contar que la autora de la fechoría 'intentó burlar los detectores quitándole las tapas a un anuario de consulta', pero que el libro que intentaba sustraer 'no era un valioso códice, ni un volumen de precio desorbitado, ni un volumen descatalogado'.

Lydia Garrido ha dado al Defensor la siguiente explicación: 'La intención del artículo era llamar la atención sobre la proporcionalidad de los castigos, en razón de las conductas, y sobre el papel que en ello debe tener una institución como la Universidad. Reprobable y punible es, por supuesto, un intento de robo como el que protagonizó la alumna de la Universidad de Valencia. Tal como el propio vicerrector reconoce, su acción lesiona el uso de un bien público y hubiera impedido que otros alumnos accedieran a la información del anuario en cuestión. Entiendo, con todo el respeto que me merece una institución pública como es la Universidad de Valencia, que la responsabilidad que debe exigirse por un hecho como ése debe intentar un cambio en la actitud y concienciar sobre la trascendencia de los hechos que se penalizan'.

Garrido reconoce que 'determinados términos utilizados en el texto han podido sorprender u ofender a determinados lectores y sectores', pero que 'esos términos no tienen sólo una interpretación. Sagrado es, para mí, en cuanto inviolable, el espacio de una biblioteca, que permite el acceso en condiciones de igualdad a la información y a la formación. Calificar de franquista el decreto del 8 de septiembre de 1954 no suponía extender esa consideración a la institución, máxime cuando en la memoria de muchos está aún el papel combativo que ejerció durante la dictadura; por eso sorprende que una universidad con esa memoria histórica recurra a una norma previa a la Constitución'.

La periodista admite que 'franquista podía haber sido sustituido por el término que recoge la propia sentencia del TSJ: preconstitucional'.

Garrido concluye que ella no duda de que 'el comportamiento de la alumna no es leal ni honrado, pero sí', y así lo hizo el primer tribunal que entendió que ésa no era la norma aplicable, 'de que con la sanción se haya conseguido un efecto re-educador. Las críticas que apuntan a una intencionalidad de ridiculizar, agredir o desprestigiar a la universidad me parecen desproporcionadas'.

El Defensor piensa que en el texto hay una toma de postura, innecesaria e injustificada, por parte de la periodista. El Libro de estilo establece que 'el periodista transmite a los lectores noticias comprobadas y se abstiene de incluir en ellas opiniones personales'.

No hay en este texto opiniones expresas, pero sí una toma de posición implícita que desvirtúa seriamente el valor informativo.

Ojo con el euro

En más de una ocasión se ha comentado en esta columna la desconcertante incapacidad de la Redacción para calcular correctamente cualquier conversión monetaria, de modo especial, por ser la más frecuente, la de pesetas a dólares o viceversa.

Hay que temer que la llegada del euro agrave el problema cuando se trate de convertir el euro en otra moneda distinta de la de los 12 países de la Unión Europea que lo han adoptado.

Antonio Casero, que junto a Javier Álvarez García es uno de los más tenaces cazadores de gazapos en las páginas del periódico, ha enviado la primera señal de alarma seria en este terreno.

Casero ha encontrado varios errores en la edición del pasado día 9 y ha advertido de ellos: '... que supone un desembolso de 45 millones de euros (7.847 millones de pesetas)'. 'O, lo que es lo mismo, un euro vale 174,38 pesetas'.

'Fichado por 10,5 millones de euros (2.500 millones de pesetas)'. 'O sea, que un euro en esta página vale 238,095 (difuntas) pesetas'.

Por cierto, Manuel Pancorbo ha sugerido que el periódico sustituya la palabra euro por su símbolo. La dirección ha decidido que, lo mismo que no se ha hecho con el de la libra o el del dólar -algo habitual en el periodismo anglosajón- tampoco se utilizará, en las informaciones, el de la nueva moneda. Se escribirá con su denominación.

Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo electrónico (defensor@elpais.es), o telefonearle al número 91 337 78 36.