La Fiscalía de Granada investiga el trato vejatorio de menores en un centro de internamiento de la Junta

La Junta de Andalucía ha ordenado el cierre del centro femenino de internamiento de menores muy conflictivas de Granada después de que varias internas declararan ante el fiscal haber sido atadas de pies y manos y haber recibido un trato degradante. La Fiscalía aún no ha presentado denuncia contra los responsables del centro, la empresa Diagrama, una sociedad privada sin ánimo de lucro, que concurrió al concurso de mantenimiento y vigilancia. Asuntos Sociales aseguró ayer que el cierre del centro de San Miguel y las quejas de las internas no guardan relación entre sí.

El centro de régimen cerrado de San Miguel de Granada es el único de Andalucía preparado para acoger a muchachas condenadas por delitos muy graves en procesos judiciales. Entre las menores internas en Granada se encuentra una de las adolescentes de San Fernando (Cádiz) condenada a ocho años por matar a su compañera de instituto Clara García.

La Fiscalía decidió abrir una investigación de oficio después de conocer que varias menores se habían quejado a la directora general de Reforma de la Consejería de Asuntos Sociales, Carmen Belinchón, de haber sido atadas de pies y manos por los cuidadores del centro. La Fiscalía granadina ha tomado declaración a las adolescentes que han ratificado el supuesto trato degradante recibido.

Sin embargo, la Fiscalía de Menores de Granada aún no ha decidido si presentará una denuncia contra el director del centro en aplicación del artículo 173 del Código Penal que contempla penas de prisión de seis meses a dos años para quien infligiera 'a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral'. La decisión será adoptada la semana próxima.

La delegada de Asuntos Sociales en Granada, María José Sánchez, restó ayer importancia a lo sucedido y aseguró que no guarda relación con el cierre del centro de mujeres menores de edad y el inminente traslado de las internas a otro centro situado en la provincia de Cádiz. El de Granada, una vez desalojado, acogerá a varones menores de edad condenados a diversos grados de privación de libertad.

María José Sánchez explicó que el traslado se acordó hace unos meses de acuerdo con una 'nueva distribución de recursos' para menores delincuentes en Andalucía. La delegada de Asuntos Sociales dijo que el centro de Granada, que sólo dispone de nueve plazas, se había quedado pequeño y no tenía capacidad para acoger a todas las menores condenadas por delitos muy graves. A la vista de esta circunstancia Asuntos Sociales acordó trasladarlas a un lugar más espacioso y con varios módulos según el régimen de internamiento: cerrado, semiabierto o abierto.

Respecto al supuesto trato vejatorio de las internas de Granada Sánchez recordó que no hay denuncia y que las quejas fueron expuestas en uno de los 'contactos normales' que mantiene la Junta con las internas. Con todo, el trato con este tipo de menores es muy complicado y son habituales las situaciones violentas.

La gestión y vigilancia de los centros de menores de Andalucía, a excepción de uno de Málaga, no corresponde a la Junta de Andalucía.

La administración del centro de Granada corresponde a Diagrama, una empresa privada sin ánimo de lucro que ganó el concurso estipulado en su momento por la Consejería de Asuntos Sociales. No obstante, la Junta de Andalucía mantiene un control estricto sobre el lugar de internamiento, aunque el personal, incluidos los psicólogos y pedagogos, son de Diagrama.

El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, ha pedido en diversas ocasiones al Gobierno central el traspaso de funcionarios y de recursos para atender este tipo de centros y no tener que recurrir a la privatización de su gestión.